El Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado un nuevo escándalo en el marco del caso de Tsunami Democrátic donde el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira son investigados por un presunto delito de terrorismo.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha filtrado un escrito remitido por Suiza sobre este caso al diario El País, a pesar de que todavía no lo había recibido el instructor de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón".
"El Ejecutivo remitió este lunes la respuesta de las autoridades helvéticas a una comisión rogatoria solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional para recabar información bancaria y sobre Marta Rovira. No obstante, García Castellón no lo recibió hasta este martes por la mañana cuando ya estaba publicado en la portada del diario de Prisa", añaden.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la contestación a la Comisión rogatoria la recibió el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre y hasta su filtración ha estado casi dos meses oculta. Ahora, el escrito se ha filtrado con el objetivo de tapar los nefastos resultados electorales del PSOE y de Sumar en las elecciones autonómicas gallegas".
"El magistrado García Castellón podría abrir una pieza separada en la causa para investigar un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración del escrito de Suiza por parte del Gobierno al diario El País. Es un escándalo y una vergüenza", concluyen.
En un comunicado, la asociación de víctimas del terrorismo que preside Daniel Portero, Dignidad y Justicia, apunta directamente al Ejecutivo como el autor de la filtración: "El Gobierno ha decidido utilizar las instituciones del Estado con fines partidistas sin ningún pudor. El Ministerio de Justicia ha filtrado a medios de comunicación afines al ejecutivo de Pedro Sánchez la respuesta a la comisión rogatoria solicitada por la Audiencia Nacional a la Oficina Federal de Justicia de Suiza en el caso Tsunami antes incluso de remitir el resultado de esa petición al alto tribunal español".
"Esta utilización de documentación judicial y de los tiempos de los procesos supone un uso partidista de las instituciones que tiene el fin de dar propaganda a un escrito que favorece a los imputados de partidos socios del Gobierno. Dignidad y Justicia tomará las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos, que únicamente sirven para entorpecer la independencia judicial y que demuestran la intención clara de este gobierno de fagocitar el poder judicial", añade.
Tal y como avanzaba El País, la Oficina Federal de Justicia de Suiza ha enviado una misiva al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición.
Las autoridades competentes suizas solicitan en la carta información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados "para varios separatistas catalanes" a esta causa en concreto. Y abunda en que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, "cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara".
El Gobierno, la amnistía y el terrorismo
Tal y como publicó LD, la judicatura se encuentra en alerta ante el próximo paso que puede dar el Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente, la inclusión de los delitos de traición y el terrorismo en la proposición de Ley de la amnistía para salvar a Carles Puigdemont.
El expresidente catalán fugado se encuentra especialmente ‘amenazado’ por dos causas judiciales. En primer lugar, el caso de Tsunami Democrátic que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por un delito de terrorismo. En segundo lugar, por el caso Voloh que instruye el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre en el que Puigdemont es investigado por un delito de traición debido a sus conexiones con Rusia. Además, sigue pendiente su casa en el Supremo por el golpe del 1-O.