La Fiscalía General del Estado incluyó a Tsunami Democrátic y a los CDR en el capítulo de "terrorismo nacional" en su Memoria anual del año 2020. El Ministerio Público estaba entonces dirigido por Dolores Delgado y su mano derecha como fiscal jefe de la Secretaría Técnica era el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Memoria anual recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente a ese año judicial, así como la evolución de la criminalidad y la prevención del delito.
La Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo se reunía este martes para analizar la última propuesta de informe presentada por el fiscal Álvaro Redondo. Dicho fiscal efectuó un primer borrador en el que sí apreciaba terrorismo en la actuación del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, en el marco del caso de Tsunami Democrátic, pero cambió su criterio mientras era convocado para reunirse con el fiscal general. Durante la votación de la Junta, 12 de los 15 fiscales apreciaban indicios de delito de terrorismo en la causa y 11 de ellos avalaban a su vez la investigación contra Puigdemont en el procedimiento.
La Memoria anual del año 2020 de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge los ataques de Tsunami Democrátic en el epígrafe "4.4 Evaluación por áreas. Terrorismo", concretamente en el punto "4.4.2 Terrorismo nacional". En este bloque de la Memoria se habla de "Movimiento Violento Independentista Catalán" y se hace referencia a la "relación de detenidos: 9 detenidos por su presunta vinculación con los Comités de Defensa de la República (CDR)".
A continuación, se efectúa una "evaluación del estado actual de la amenaza": "Durante 2019 han continuado produciéndose acciones violentas e intimidatorias del independentismo radical y violento catalán dirigidas contra personas, colectivos e instituciones que se posicionan en contra del proceso secesionista. El 23 de septiembre, en el marco de una investigación dirigida por el Juzgado Centra del Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil detuvo a nueve personas relacionadas con los Comités de Defensa de la República (CDR), y más en concreto con el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), quienes presuntamente estaban en fase de preparar acciones violentas".
"Durante los registros domiciliarios se incautaron sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos. Puestos a disposición judicial, se acordó el ingreso en prisión de siete de los detenidos por ‘pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos’", añade la Fiscalía.
"Por otra parte", continúa la Fiscalía, "durante los días previos al 14 de octubre, cuando el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia sobre el denominado «procés», dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de la plataforma Tsunami Democràtic, sirviéndose de la inmediatez, alcance y privacidad de los canales de mensajería instantánea (fundamentalmente Telegram)".
"Tras dicha sentencia, se sucedieron graves disturbios en diferentes ciudades de Cataluña, especialmente focalizados en Barcelona, que incluyeron la paralización del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cortes de vías de comunicación (avenidas, calles, carreteras y tráfico ferroviario) y ataques a edificios públicos (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Comisarías del CNP y de los Mossos d’Esquadra, Cuarteles de la Guardia Civil, Consejerías de la Generalitat, etc.)", concluye la Memoria de la Fiscalía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Supremo
A pesar de que el caso de Tsunami Democrátic fue investigado desde su inicio en el 2019 por delitos de terrorismo, como recoge la Memoria anual de la Fiscalía 2020, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso y el fiscal del caso Miguel Ángel Carballo, ambos de la Asociación de Fiscales (AF), ya no consideran que haya que investigar estos hechos que afectan a Puigdemont por dicho delito. Todo ello, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se juega el futuro de su legislatura con sus socios Junts y ERC.
Mientras tanto, la "maniobra conjunta" del fiscal general y del Ejecutivo deja en manos de la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, la elaboración del informe sobre la investigación o no por terrorismo contra Puigdemont en el Alto Tribunal. La Sala Penal del Supremo tendrá la última palabra al respecto.