La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, pidió explicaciones al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sobre la contratación de la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. en enero de 2022. Dicha mercantil es considerada por los investigadores como la pieza clave en la presunta trama delictiva del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García.
El caso se originó oficialmente en marzo de 2022 tras la denuncia presentada por el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción y se investigan dos contratos del Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos y un tercero del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El primero por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, el segundo por el también suministro de mascarillas para ADIF por un total de 12,5 millones de euros y un tercero por la adquisición de material de protección sanitario por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros. Las tres operaciones se cerraron con la misma empresa de Zaragoza, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., sociedad a la que seguía la pista Antifraude desde hace meses.
Según figura en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre este caso, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "los documentos relativos al contrato, que fue adjudicado por un organismo ajeno a ese Ministerio, redundaban en la importancia del Ministerio de Transportes en la contratación con Soluciones de Gestión".
"Así, según consta en la contestación realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad al requerimiento de 25 de enero de 2022, efectuado por la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), relativo al motivo de la elección de Soluciones de Gestión como proveedor, que fue porque desde el Ministerio de Interior se tuvo conocimiento de que el Ministerio de Fomento habría logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento para los organismos de el dependientes", añade.
"De la documentación aportada en los requerimientos efectuados a los distintos organismos no se deja claro cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del resto de contratos. Además, no se aportaron comunicaciones entre los órganos de contratación y la empresa investigada que pudieran justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas", subraya Anticorrupción.
Cabe destacar que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L facturó un total de 53,1 millones de euros en el año 2020 gracias a los contratos covid que le adjudicaron, Ministerios y Gobiernos autonómicos socialistas. Los ejecutivos de Canarias y Baleares, gobernados por el PSOE, le adjudicaron 13 millones de euros con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea. Un año después, las ventas de la mercantil zaragozana se desplomaban un 96%.
Contratos al margen de la Ley
Tal y como publicó este diario, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, efectuaron la compra de material sanitario que investiga la Audiencia Nacional al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley de Contratos del Sector Público señala expresamente que la contratación centralizada de esos productos sanitarios ‘deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad.
La disposición adicional 27ª de la Ley de Contratos del Sector Público sobre la adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud establece lo siguiente: "Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrá declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como los servicios sanitarios, que se contraten en el ámbito estatal por los diferentes órganos y organismos. Esta contratación deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".