Una semana después de la detención de Koldo García y otras 20 personas por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario en los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, sigue sin atisbarse la dimensión exacta del escándalo.
Para complicar más un caso ya de por sí enrevesado, por los cargos y administraciones implicadas, las alarmas han saltado en Bruselas por la posibilidad de que las compras de mascarillas por parte de la trama se hayan hecho con fondos europeos.
El caso ha desembocado, de momento, con la salida de Ábalos del grupo parlamentario socialista y su integración en el Grupo Mixto, negándose a obedecer las órdenes de Ferraz y Moncloa de que dejase el acta.
La Comisión Europea se ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para determinar si en los 53 millones de euros concedidos a Soluciones de Gestión hay involucrados fondos europeos. Además, el gobierno comunitario ha enviado los detalles de las operaciones a la OLAF (Oficina Europea Antifraude), que va a llevar a cabo una investigación exhaustiva en línea con su política de "tolerancia cero ante el fraude" y de "proteger el presupuesto de la UE", según fuentes comunitarias. Cabe señalar que la OLAF no puede imponer multas, sólo plantear recomendaciones. En este caso de presunto uso indebido de los fondos europeos, se recomendaría que sean recuperados por las autoridades competentes.
Actuación de los europarlamentarios de PP y Cs
Además, la eurodiputada Dolors Montserrat ha informado antes de que Bruselas confirmase que va a investigar los contratos del caso Koldo, que el PP acudirá a la Oficina de la Fiscalía de la UE, a OLAD y a la propia Comisión Europea para que se "investigue si las personas implicadas en el caso Ábalos, se beneficiaron de fondos europeos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en millonarias comisiones ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia".
El lunes, por su parte, la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ya había enviado una carta a la Fiscalía Europea (EPPO) dirigida a la rumana Laura Kövesi para que investigase el posible uso de fondos de la UE en el caso Koldo.
Fiscalía Anticorrupción
Pero, por si fuera poco, ayer martes se supo que la Fiscalía Anticorrupción envió en junio de 2023 a la Fiscalía de la UE los contratos firmados por los gobiernos de Baleares y Canarias, en esos momentos con Francina Armengol y Ángel Víctor Torres al frente, con la trama de la mano derecha de Ábalos por un importe total de 15,3 millones de euros.
La tormenta perfecta se cierne sobre el Gobierno de Sánchez, pues Armengol ostenta hoy el cargo de presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, y Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial.
El caso de Canarias
Entre los contratos sobre los que Bruselas ha puesto la lupa se encuentran los que firmó el Gobierno de Ángel Víctor Torres con la trama de Koldo. Tal y como acredita la documentación a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, el Gobierno socialista de Canarias modificó en 2021 los contratos de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión —4,77 millones de euros por 1,9 millones de mascarillas— un año después de firmarlos para poder así sufragarlos a posteriori con fondos de la UE. El modus operandi fue el siguiente: primero ordenó el pago con cargo al presupuesto autonómica y después anuló y rehízo el contrato para imputar ese gasto a las ayudas Feder 2014-2020.
Esta modificación del contrato ha hecho que el contrato firmado por el hoy ministro de Pedro Sánchez pase a estar bajo la lupa de la Fiscalía Europea.
El caso de Baleares: tres agravantes
El mismo modus operandi fue el utilizado por el gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso. Cinco meses después de firmar, en mayo de 2020, un contrato de compra de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros con la empresa del caso Koldo —en un procedimiento negociado sin publicidad por su tramitación de emergencia— lo rectificó para poder cargarlo a los fondos Feder, por lo que también entra ahora en la investigación que va a realizar la UE. Según ha alegado el Ejecutivo de Armengol, fue la empresa la que contactó directamente con el Servicio de Salud balear y se ofreció a encargarse del transporte hasta Palma, lo que deja entrever que la orden vendría del Ministerio de Transportes del defenestrado Ábalos.
El caso balear o caso Armengol tiene, no obstante, tres características que lo hacen especialmente grave.
- En primer lugar, que la compra de las mascarillas se hizo sin que mediara expediente de contratación, tras unas conversaciones "verbales" y cuatro días después de recibir un correo electrónico de Soluciones de Gestión en el que la empresa de la trama Koldo anunciaba el envío de un lote con mascarillas chinas a Palma de Mallorca, como informa El Mundo.
- En segundo lugar, que el material suministrado no se pudo utilizar por ser de peor calidad a la acordada y, de hecho, ha permanecido estos años almacenado y cogiendo polvo en un depósito de Mallorca. Pero Francina Armengol no reclamó la devolución de lo pagado a Soluciones de Gestión hasta que dejó el gobierno de Baleares tras las elecciones del 27 de mayo de 2023. No parecía muy interesada en reponer esos millones de euros al presupuesto público, en este caso europeo, dando un trato de favor a Soluciones de Gestión que no se entiende salvo que existan indicaciones superiores en este sentido.
- En tercer lugar, y quizás lo más grave de cara a la investigación europea, está el hecho de que cuando el gobierno de Armengol rectificó el contrato para poder cargarlo a los fondos Feder, ya sabía que las mascarillas no servían —como acredita la documentación publicada por El Mundo—. Los análisis realizados por el Centro Nacional de Medios de Protección se llevaron a cabo en junio de 2020 acreditando los muestreos que esas mascarillas no cumplían los requisitos, motivo por el cual fueron retiradas de todos los centros de salud de Baleares. Y no fue hasta octubre cuando el gobierno balear rehízo el contrato para que fuese sufragado con los fondos europeos, ocultando deliberadamente a la Unidad de Control y Verificación de los Feder que esas mascarillas eran inservibles y estaban almacenadas en un depósito.
Demasiadas irregularidades como para que Francina Armengol se despache con lo indignadísima que está y se escude en el decoro parlamentario para no dar explicaciones. No sólo no intentó recuperar durante años los millones pagados a la trama sino que, sabiendo que el material era inservible, modificó el contrato cinco meses después para que el coste corriera a cargo de los fondos Feder.