La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados se ha celebrado este miércoles con una agenda bastante escueta, pero con la novedad de que no fuera el exministro José Luis Ábalos quien presidiese la misma, solo unas horas después de su desafío político al PSOE y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La inexperiencia de la nueva presidenta, la socialista Araceli Poblador, ha marcado en algunos momentos el transcurrir de la reunión.
El punto clave del día estaba era una exigencia que los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil pidiendo durante los últimos años, que no es otra sino que su trabajo sea declarado como una profesión de riesgo, algo que ya pasa desde hace años con otros cuerpos policiales como la Ertzaintza, los Mossos d´Esquadra, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos de Policía Local.
La iniciativa ha sido defendida por la popular Ana Belén Vázquez, que ha tildado de "llamativo" que el Gobierno sí reconozca como profesionales de riesgo a los artistas o a los cantantes pero no a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente teniendo en cuenta que hace sólo unas semanas que dos agentes del Instituto Armado fueron asesinados en Barbate (Cádiz) por un grupo de narcotraficantes.
Ha explicado que las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan que durante el año 2023 fueron agredidos unos 30 agentes cada día, tras lo que ha puesto como otro ejemplo de la peligrosidad que cuando contratan un seguro de vida les suben la prima un 40 por ciento porque se les considera profesionales de riesgo. También ha asegurado que hay dinero para sacarlo adelante, pues cada año quedan 2.000 millones de las cuentas públicas sin ejecutar.
Tanto Vox como UPN se han sumado a la PNL (propuesta no de ley). Ignacio Gil Lázaro ha considerado la reivindicación de los agentes como "legítima" y ha ido más allá, pidiendo que también se revise el reglamento del uso del arma para que puedan emplearla con garantías legales. Alberto Catalán ha señalado que todo lo que sea mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad contará con el apoyo de los foralistas navarros.
Tanto PSOE como Sumar han decidido abstenerse en la votación, lo que ha permitido que la misma fuese aprobada. Sus portavoces, Juan Carlos Jerez y Félix Alonso, han argumentado que están de acuerdo con declarar a policías y guardias civiles como profesionales de riesgo, pero que eso debe salir adelante en el grupo de trabajo que el departamento de Fernando Grande Marlaska ha conformado en el Ministerio.
Jerez ha cometido incluso un exceso verbal durante su intervención. En plena defensa de la labor que realizan los actuales responsables de Interior ha llegado a decir que "Marlaska es grande –haciendo un juego de palabas con el apellido del ministro–, posiblemente el mejor ministro del Interior de la democracia". Por su parte, tres de los socios del Gobierno de coalición (ERC, Junts y EH Bildu) han votado en contra de la iniciativa.
Pese a que algunos sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han recibido con alegría que la iniciativa del PP haya sido aprobada, la realidad es que una Proposición no de Ley (PNL) como la aprobada este miércoles no obliga en nada al actual Gobierno de Pedro Sánchez ni a su ministro del Interior, únicamente les insta a llevar a cabo la medida, pero nada más.
La Comisión de Interior también ha sacado adelante otra propuesta, esta vez presentada por Sumar, y que también es una vieja petición de los sindicatos policiales. No es otra que la modernización de la actual Ley de Condecoraciones de la Policía Nacional, que data del año 1964, y que permite una discrecionalidad en la entrega de medallas tal que cada año se genera una nueva política con motivo del Día de la Policía.
De igual modo, han sido rechazadas una propuesta de Vox para combatir la inmigración ilegal en nuestro país, con especial incidencia en Canarias, y otra de ERC para frenar la supuesta impunidad en las tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas de Seguridad, en la que los partidos de la oposición ha aprovechado la ocasión de afearla que ataque unos delitos mientras pide al Gobierno que amnistíe los de su partido.