La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser desautorizado por el Tribunal Supremo en la investigación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.
La Sala Penal del Alto Tribunal desoyó este jueves el informe de la Fiscalía elaborado por la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, contrario a investigar a Puigdemont.
La APIF señala en un comunicado que "después de la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no puede sino pedir, por dignidad de la institución, la dimisión del Fiscal General del Estado (FGE). Las razones que expusimos en nuestro anterior comunicado en el que informábamos a la opinión pública de que la APIF había presentado recurso contra el nombramiento del FGE, al considerar que no era idóneo para el cargo, se ven reforzadas por este Auto del Tribunal Supremo que vuelve a desautorizar al FGE".
"Tras esta resolución del Tribunal Supremo queda evidenciada una actuación del FGE que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, en un procedimiento relevante, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El caso adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta que en Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se mantenía la posición de entender que la exposición razonada del Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar al Sr. Puigdemont responsable de ellos", añade.
"El Tribunal Supremo no sólo fundamenta su resolución en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo sino que, además, cita la Memoria de la FGE del año 2020 en la que el Ministerio Fiscal fijó los hechos a los que se refiere la exposición razonada del Juez de Instrucción como encuadrables dentro del delito de terrorismo. Apartarse ahora de lo que se mantuvo hace cuatro años debería haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación. La desautorización del Tribunal Supremo pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció en 2020", subraya la APIF.
"Ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre. La dirección del Ministerio Fiscal exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido. El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación del FGE", concluye.
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