Este miércoles, 13 de marzo, se presenta en la facultad de Derecho de la Universidad del CEU Abad Oliva en Barcelona la última iniciativa en defensa del estado de derecho por parte de asociaciones profesionales claves en la salvaguarda de la Constitución Española. Jueces, fiscales, inspectores y letrados y otros colectivos jurídicos crean, así, el Pacto en Defensa del Estado de derecho ante el ataque de Sánchez y lanzarán un manifiesto ante "la necesidad de alzar la voz en defensa del Estado de derecho".
Las organizaciones que integran el pacto son la mayoritaria Asociación de Fiscales, la también mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Ocho entidades que, como ellos mismo afirman, no pueden permanecer impasibles ante el desafío al estado de derecho que vive España.
El acto de lanzamiento se celebra con una mesa redonda, en la que se expondrán "reflexiones sobre la situación actual de España en relación con la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, separación de poderes, independencia y profesionalización de la función pública". Y contará con la intervención de Teresa Freixes –catedrática de Derecho Constitucional– y José María Macías –vocal del Consejo General del Poder Judicial–.
Comisiones de investigación parlamentarias
Todo ello ocurre justo cuando se ha dado el banderazo de salida a las comisiones de investigación en el Parlamento de los jueces tras la exigencia del separatismo. Y en medio de que colectivos como los inspectores de Hacienda han denunciado una operación de entrada y primacía de cargos ideologizados para controlar la Administración por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El PSOE, de hecho, ha blindado su pacto con Junts y ERC para aprobar la ponencia de la ley de amnistía. El modus operandi ha vuelto a ser el mismo que cuando cambiaron la anterior definición de terrorismo en la ley de amnistía: una enmienda transaccional. Es decir, un pacto entre PSOE y Junts sobre una enmienda previa parcial de los separatistas. Y todo ello apunta a un fortalecimiento de la persecución y marcado de los jueces. En enero, este acuerdo permitió introducir una novedosa definición: la del terrorismo "respetuoso con los derechos humanos". Ahora, la modificación afecta a "diferentes enmiendas" para que cubra "a todas las personas vinculadas al proceso separatista". El cambio vincula el delito de terrorismo a la normativa europea y no al Código Penal español, lo cual supone una nueva violación legal.