Ya fueron el tormento de Pilar Llop. Y ahora lanzan un ultimátum a Félix Bolaños. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia-, junto a STAJ, CCOO y UGT, han exigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que aplique ya la subida salarial prometida a todos los 45.000 funcionarios del Ministerio, al margen del ámbito territorial donde trabajen.
Los cuatro sindicatos han recordado que fue el propio titular de Justicia quien expresó en sede parlamentaria el pasado 21 de diciembre su compromiso de negociar una subida salarial, además de otros temas, "para intentar conseguir que los cuerpos generales y especiales de la Administración tengan un acuerdo que sea razonable y adecuado a sus reivindicaciones y a la justicia que pretendemos con ellos".
Efectivamente, el Ministerio que lidera Bolaños -uno de los tres que le ha encomendado Pedro Sánchez- en su reunión del pasado 21 de febrero ofreció que la subida salarial se acometiera entre todas las administraciones con competencias en materia de Justicia y se comprometió a encabezar las conversaciones con estas, principalmente, en la reunión de la Conferencia sectorial.
Ahora los sindicatos le recuerdan a Bolaños que su promesa afecta incluso a las comunidades autónomas, de forma que asuman "su responsabilidad dentro del marco de la cogobernanza, que no sólo debe estar prevista para repartir fondos europeos para la compra de ordenadores, sino también para atender a las necesidades organizativas, cambios en las funciones y reconocimiento del papel fundamental del personal de Justicia en todo este proceso al igual que ya se ha reconocido a Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales con subidas salariales más que notables". El problema es que doce de esas autonomías están gobernadas por el PP y no han asumido ningún compromiso similar.
Además, los representantes sindicales del área de Justicia de las cuatro formaciones mencionadas ha anunciado que, en caso contrario, detallarán en breve las próximas acciones que realizarán conjuntamente en el caso de que el ministro Bolaños "continúe negándose a presentar una oferta económica que compense a todos los funcionarios de Justicia por las funciones que realizan a diario".
Y todo ello llega después de que este 2024 hayan retornado las exigencias de la UE de control del déficit -que España incumple- y de que el propio Gobierno ya haya aprobado otra subida para los funcionarios. El Gobierno aprobó a comienzos de febrero una subida de sueldo de otro 0,5% extra de salario para todos los trabajadores con nómina pública. El Gobierno supeditó este incremento salarial a los funcionarios al resultado de la evolución de la economía española en 2023. Recientemente, el INE ha confirmado que el PIB cerró el año pasado con un alza del 2,5%, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trasladado este dato a la policía salarial de los funcionarios.
Eso sí, no deja de resultar paradójico que ese crecimiento del 2,5% del PIB esté influenciado, precisamente, por el buen resultado de la rúbrica del consumo público, que subió el doble que el consumo de los hogares en términos interanuales el pasado año y hasta lo quintuplicó en términos intermensuales. El círculo vicioso es el siguiente: el Gobierno dispara el gasto público, lo que hace crecer el PIB y ese resultado da lugar a un premio que infla todavía más las nóminas públicas y que genera más consumo público que vuelve a dopar al PIB.