El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha estallado con las críticas recibidas por su papel en la Ley de Amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez antes de que aterrice en el Tribunal de Garantías.
Tal y como desveló LD en exclusiva el pasado mes de octubre, Conde-Pumpido colaboró en secreto con el Ejecutivo socialista para elaborar la amnistía. El propio Pedro Sánchez desató la polémica en esas fechas al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcanzase para conseguir su investidura serían "validados" por el Constitucional con "plena normalidad democrática". Es decir, Sánchez anticipó el veredicto del tribunal que preside Conde-Pumpido.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital aseguran que "Conde-Pumpido se ha quejado amargamente en las últimas fechas tras las críticas que está recibiendo por su papel como colaborador necesario en la Ley de Amnistía y por su intención de avalarla cuando sea recurrida ante el tribunal que preside por parte del Partido Popular".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Conde-Pumpido considera ‘increíbles’ los ataques recibidos por parte de los medios de comunicación y de algunos partidos políticos. Además ha asegurado ‘se está desautorizando al presidente y que así ¡no se puede trabajar!’".
Tal y como publicó este diario, las enmiendas presentadas en el Congreso por Junts y ERC han puesto en una situación muy delicada al propio Conde-Pumpido, ya que se comprometió con Sánchez a avalar la constitucionalidad del texto inicial. En este contexto, el mayor obstáculo podría ser el magistrado izquierdista y exministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo.
Campo presentó su petición de abstenerse en la futura deliberación sobre la Ley de amnistía con el objetivo de intentar preservar "la imparcialidad" del tribunal. Recordamos que el magistrado izquierdista concedió como ministro los indultos a los golpistas del 1-O y además se pronunció públicamente en contra de la amnistía. No obstante, es uno de los mayores expertos en terrorismo del país y su tesis doctoral versa sobre esta materia. Si su abstención no es aceptada por Conde-Pumpido, podría inclusor plantearse votar en contra de la ley y poner en riesgo el voto de otros magistrados izquierdistas del TC.
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados avalaba la Ley de Amnistía, por 178 votos a favor y 172 en contra. Una vez aprobada en la Cámara baja, la Ley de amnistía seguirá ahora su tramitación en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP la mantendrá durante dos meses, el plazo máximo que establece el reglamento de la Cámara Alta, antes de devolverla a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
La vocal ‘sanchista’ del CGPJ mira a Conde-Pumpido
Mientras tanto, el Pleno del CGPJ debatirá sobre el informe de la amnistía solicitado por el Senado el próximo jueves tras estudiar las propuestas presentadas por la vocal izquierdista Mar Cabrejas y el conservador Wenceslao Olea. Cabrejas afirmaba en su informe que "la constitucionalidad de una ley de amnistía pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que constituye una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no se benefician de esa medida. Verificada la existencia de un fin legítimo, la concreta regulación de la amnistía debe superar los tres escalones del principio de proporcionalidad, esto es, determinar su adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto".
Por último, Cabrejas consideraba que "no corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria", pues el control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya perfectas y publicadas y es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.