La Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha salido al rescate de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la filtración sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: "La información era conocida bastantes horas antes".
Tal y como publicó LD, la Fiscalía del Tribunal Supremo estudiaba una denuncia contra Montero por un delito revelación de secretos por hacer pública información sobre la inspección de la Agencia Tributaria a Alberto González Amador. La ministra de Hacienda conocía a las 17:20 de la tarde una información que ElDiario.es publicó a las 21:37 de la noche del mismo día que apuntaba el presunto cobro dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas por parte de la pareja de la presidenta madrileña.
El decreto de archivo de 6 páginas firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "sin entrar en un análisis en profundidad de los tipos penales imputados, es claro que el objeto de los mismos es el secreto o cualquier información conocida en atención al cargo, que, sin haber recibido la calificación formal de secreto, sea por su propia naturaleza reservada. Es obvio que, tal como se expone en la denuncia, lo relativo a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tiene el carácter de reservado".
"Si se parte de la cronología de lo referido a la denuncia de Alberto González Amador en los medios de comunicación y, mas en concreto, a las primeras noticias publicadas, se constata que el día 12 de marzo, a las 6:1O horas, elDiario.es publica la primera información: ‘La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla’. Al señalar la información que la Fiscalía había denunciado en el juzgado los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, otros medios de comunicación demandaron confirmación de la información tanto al Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid como al de la Fiscalía General del Estado, ambos confirmaron la existencia de la denuncia que fue facilitada a aquellos que la solicitaron", añade el escrito.
"De lo con anterioridad expuesto, fluye que la información era conocida bastantes horas antes a que la denunciada atendiera a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, por lo que no desveló ningún dato que no estuviera a disposición de la opinión pública", apunta la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía.
"De conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2022, (apartado 4.7.2), de los arts. 5 EOMF y 773.2 LECrim , en aquellos casos en los que la noticia criminal recibida no presente relevancia bien por fundarse en meras hipótesis carentes de verosimilitud y de todo sustento objetivo, bien por tratarse de hechos no constitutivos de delito, los fiscales se hallarán facultados para acordar su archivo de plano, decisión que no impide reiterar la denuncia ante los órganos judiciales. Por todo ello, acuerdo, el archivo de las presentes diligencias de investigación por no ser los hechos constitutivos de delito", concluye.
García Ortiz ordenó a la Fiscalía de Madrid la otra filtración
La Fiscalía de Madrid difundió en marzo un comunicado a través del gabinete de prensa en el que afirmaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos (dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021) y aceptación de una sanción penal" que había existido hasta la fecha era el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto (Julián Salto) en fecha 2 de febrero de 2024. El escrito incluía una cronología de la negociación.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue quién obligó a la Fiscalía madrileña a emitir el polémico comunicado. Estos hechos ya han sido denunciados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La propia Fiscalía de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción Nº 28 de Madrid que rechace la citada denuncia. Por su parte, García Ortiz asumía esta semana la "responsabilidad última" del comunicado, precisando antes que no se habían desvelado "datos confidenciales", ni había afectado al derecho de defensa del novio de Ayuso.