La Junta de Fiscales de Sala colonizada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado este miércoles informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de la investigación de la filtración de la Fiscalía contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz y su predecesora en la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado ascendieron prácticamente a un tercio de los integrantes de la actual cúpula fiscal, mayoritariamente miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que ambos han pertenecido durante toda su carrera fiscal.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "la Junta de Fiscales de Sala ha avalado el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de no admitir a trámite la querella presentada por Alberto González Amador contra la fiscal jefe Provincial de Madrid Pilar Rodríguez y el fisca del caso Julián Salto".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "unos 16 fiscales se han mostrado en contra de investigar, unos 13 a favor de admitir a trámite la querella, 2 a favor de investigación en un Juzgado de Instrucción y otro no ha votado".
Recordamos que la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, encargada de informar sobre la querella presentada por González Amador contra los fiscales que filtraron información de su caso, a través de un comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid, se negó a solicitar el archivo de la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La teniente fiscal del Tribunal Supremo y nº 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, instó a que pidiera el archivo. Por ello, la fiscal De la O invocó entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Mº Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciase este miércoles.
La Junta de Fiscales controlada por García Ortiz y la UPF
Entre los fiscales de la UPF ascendidos a fiscal de Sala en los últimos años se encuentran los propios Delgado y García Ortiz, porque durante sus respectivos mandatos se beneficiaron mutuamente: Dolores Delgado, fiscal de Sala de Memoria Democrática; Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de Odio; Ana García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Luis Manuel López de Aranguren, fiscal de Sala de lo Social; Esmeralda Rasillo López (fiscal de Sala de lo Militar); Manuel Martín-Granizo Santamaría, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas; Álvaro García Ortiz, fiscal jefe de la Secretaría Técnica; Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer o Eduardo Esteban Rincón, fiscal de Sala de Menores (nombramiento anulado por el Tribunal Supremo)
También se encuentran Félix Pantoja García, fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo; Luis del Río, fiscal de Sala de Seguridad Vial; Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala de Extranjería; María Antonia Sáinz Gaite, fiscal jefe de la Inspección fiscal (exUPF) o María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.
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