Fue el 25 de marzo. El PSOE cargó contra la oposición y planteó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar la protección de los periodistas en su ejercicio libre de prensa. Ha pasado un mes. Y el líder de ese partido y presidente del Gobierno acaba de dibujar las bases de un plan de ataque a la prensa libre por informar de sus familiares, enchufes y negocios. El texto, con sólo un mes de vida, podría ser reenviado a Moncloa para que fuera Pedro Sánchez el que firmara, por ejemplo, la "condena rotunda de los ataques y amenazas que los profesionales y los medios de comunicación están sufriendo en el ejercicio de su profesión, lo que supone una clara amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de
expresión, garantizados en la Constitución".
El presidente del Gobierno ha acusado en una semana a la prensa de formar parte de una conspiración contra su persona y familia. Ha asegurado que "el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista". Que la denuncia "se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida". Y que "esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista […]".
Este mismo lunes, en su confirmación de la permanencia en el cargo de presidente, Sánchez ha remarcado que su "decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente del Gobierno de España" y el objetivo de la permanencia es, precisamente, acabar con lo que considera que es "una estrategia de acoso y derribo". Es decir, actuar contra los jueces y periodistas de esa "constelación" y "galaxia digital ultraderechista".
Pues bien, su propio texto de hace un mes aseguraba que "sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de información constituye uno de los pilares centrales sobre los que se fundamenta cualquier Estado que quiera definirse como democrático y de derecho, puesto que la libertad de información nació como contrapeso frente a los posibles excesos del poder, actuando como auténticos "guardianes públicos" (watchdog), ayudando a conformar una opinión pública libre y a garantizar el pluralismo político en las democracias representativas".
Aquel texto añadía que, por ello, "las distintas Constituciones democráticas garantizaron la libertad de prensa e información en sus textos constitucionales". Y "esta posición preferente de dicha libertad: "alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercida por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia aceptación" (STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ 10°)".
El PSOE añadió que la libertad de prensa es un derecho "que va íntimamente ligado con el derecho a la libertad de expresión, puesto que las noticias publicadas en los medios de difusión generalistas suelen conllevar opiniones de los profesionales que tratan dicha información".
Según el PSOE, era el PP el que estaba "practicando una política de señalamiento y acoso hacia determinados periodistas y medios de comunicación". Y un mes después el PSOE cumple literalmente con sus advertencias: "Ataques y amenazas que los profesionales y los medios de comunicación están sufriendo en el ejercicio de su profesión, lo que supone una clara amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, garantizados en la Constitución"