El desafío de Pedro Sánchez a la libertad de expresión y la prensa libre y a la independencia judicial no deja de avanzar. Al igual que queda probada la farsa montada con su supuesta tristeza y periodo de "reflexion". El PSOE registró en el Congreso el pasado 26 de abril a las 13:46 horas -en plena supuesta meditación y abatimiento de Pedro Sánchez- un plan que recoge por escrito la base jurídica que pretende utilizar, no sólo para prohibir determinados mensajes políticos, sino, también, para actuar contra la prensa libre y los jueces por haber osado investigar el enriquecimiento de su familia. El plan se basa en la acusación por odio e incluye una advertencia a la oposición en caso de seguir por esa senda.
El documento comienza con una "condena" genérica "de cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social por motivos de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Avanza acto seguido para recordar "que los representantes públicos tienen una función y responsabilidad esencial en la lucha contra la incitación al odio y la intolerancia, debiéndose abstener de realizar cualquier declaración pública que fomente e incite al odio, así como en la obligación de denunciar, públicamente, los casos de odio". Y "reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos, particularmente de la libertad religiosa protegida por el artículo 16 de la Constitución Española".
Hasta ahí todo queda englobado en una lucha contra el "odio". Pero Sánchez ha extendido ya ese mismo concepto de odio al trato recibido en prensa y Justicia por su familia. En especial, por Begoña Gómez y el hermano del presidente. El enunciado de su petición se entiende al leer el resto del documento. Allí, y mientras supuestamente Sánchez estaba aislado y en plena "reflexión" sobre si "merecía la pena" seguir en el Gobierno, el PSOE asegura querer "seguir avanzando en la convivencia multicultural y en la defensa de los derechos humanos y de no permitir discursos de odio y acciones discriminatorias que se propaguen en nuestra sociedad amenazando la cohesión social y rompiendo consensos sociales". Uno de ellos, para Sánchez, es que "no todo vale con la familia". Con la suya, debe ser. Porque con la de Isabel Díaz Ayuso vale todo, incluso filtraciones reconocidas ya hasta por el fiscal general del Estado.
La idea es utilizar el concepto de odio como base para distintas prohibiciones. El texto del PSOE lo centra por ahora en Vox y la inmigración: "Un claro ejemplo son las declaraciones de dirigentes de la derecha que atribuyen a la religión islámica el fomento del machismo y del maltrato a la mujer y que atentan contra los principios fundamentales de respeto, solidaridad y convivencia pacífica, valores arraigados en nuestra sociedad", señala.
Pero acto seguido desliza un argumento que tiene una aplicación mucho más amplia: "Es decir, los derechos fundamentales son limitados, no son absolutos. Por ello, la respuesta del Derecho penal, como última ratio, debe reservarse para aquellos casos donde la libertad de expresión se vea claramente extralimitada y esas expresiones inciten claramente al odio o a la discriminación. Por este motivo, el grueso de estos delitos son claramente agresiones y/o vejaciones a personas o determinados grupos vulnerables por motivos claramente discriminatorios que en nada tiene que ver con la libertad de expresión".
Por ahora el señalado es Vox. Pero el PSOE considera un ataque a la convivencia las informaciones veraces sobre Begoña Gómez y sus negocios. O sobre el hermano enchufado de Sánchez.Y hasta posicionamientos en materia ecologista, feminista ultra o sobre la misma memoria democrática