La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de apuntar al actual presidente de ADIF, Ángel Contreras Marín, como presunto integrante de una red de amaño en las adjudicaciones de obras públicas en contacto con la trama PSOE-Koldo. Contreras era en el momento de los hechos director de un área muy concreta: conservación. Y es que la Justicia tiene abierta otra causa que también afecta a la conservación, pero ya no de trenes como en este primer caso, sino en las carreteras.
Esa causa, de la que ya ha informado Libertad Digital, incluye hasta una grabación donde el responsable de conservación de carreteras presionó para "apañar" contratos de mantenimiento en unas carreteras de Ávila. Y, para cerrar el triángulo, y como señala la UCO, el mismo Contreras intervino en una adjudicación de 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión. Justo la empresa estrella de la trama Koldo-PSOE. Una triple trama que cuenta ya con diligencias judiciales y que apunta a la obra pública de trenes o carreteras de los mismos que aparecen en la trama de mascarillas en pleno covid.
El informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional revela una conversación en la que el empresario Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, envía al que fuera asesor del entonces ministro de Transportes –José Luis Ábalos– Koldo García, un mensaje que deja entrever la supuesta ayuda de Ángel Contreras.
La UCO ha detectado un mensaje del 19 de febrero de 2024 de este empresario en el que afirma lo siguiente: "En la obra de ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante Importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copase Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles".
Puesto que Koldo había recibido el chivatazo de que estaba siendo investigado judicialmente, entró en escena un segundo móvil. Y a esa segunda persona, Koldo "le solicita que no le envíen nada a su teléfono mediante WhatsApp, instándole a su interlocutor a "hablamos tú (Antonio)", señala la UCO. Y los investigadores destacan una frase de respuesta de Koldo que da una idea de la habitual del trato: "Lo hacemos como lo sabemos hacer".
"Además, Koldo" le indica que le "aportará un número, donde debe enviar dicha información, ofreciendo de esta forma una vía alternativa para que le comuniquen los detalles de este asunto que versaría sobre la adjudicación pública de un contrato de emergencia a OPR", la empresa implicada, como señala la UCO.
Koldo dio un mensaje más. Y optimismo sobre el logro de lo pretendido: "En relación a la solicitud de Daniel para que Koldo ejerza su influencia, Koldo le comentó a su hermano «y que lo va a tener, eh. Que me han dicho que sí, que no me mande nada por ahí por favor». Seguidamente, Antonio contesta «que yo se lo voy a explicar no te preocupes, el miércoles nos vemos»".
Y ahí surge una segunda indicación de la UCO. "La importancia" de estos contactos "radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de la E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF), y, en el momento de los hechos que dan origen a las presentes DDPP 65/2023, era el director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF". Justo de conservación.
Y añade la UCO un dato adicional: "Recordándose que ADIF adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de 12.500.000 euros". Es decir, que la empresa estrella de la trama PSOE-Koldo aparece en el rastro de esta segunda investigación.
La tercera pata judicial no se encuentra en esta sala. Se encuentra en Ávila. La Audiencia Provincial de Ávila ha reabierto recientemente otro caso: por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra el que fuera director general de Carreteras en la etapa de Ábalos como ministro de Fomento. El caso implica una elevada cuantía –25,6 millones de euros– en concesiones con "apaño" de contratos de mantenimiento de carreteras en la provincia castellana. El caso lleva tiempo en los juzgados.
En concreto, desde julio del año 2020. Parecía muerto pero se ha reabierto por decisión de la Audiencia Provincial de Ávila que sí observa indicios delictivos. El asunto se centra en manipulación de contratos públicos, en concreto, en las obras de mantenimiento de la red de carreteras nacional en la provincia de Ávila. El caso fue abierto inicialmente cuando una grabación mostró al subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes forzando el "apaño" –palabras textuales– en 2019 de la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros en la carretera nacional de Ávila. Lo hizo tras presionar al técnico responsable del proyecto para "subir" los puntos de la compañía agraciada.