La Audiencia Provincial de Barcelona maniobra para tumbar la investigación del caso Voloh sobre la conexión rusa del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, instruye la causa desde el año 2020.
El magistrado afirmaba en un auto el pasado mes de enero que "dada la extraordinaria complejidad de la causa, con la abundante documentación administrativa (decenas de miles de folios), gran cantidad de ella aún por revisar y analizar, y los voluminosos informes remitidos por la policía judicial, resulta absolutamente imposible terminar la instrucción, por lo que procede mantener la declaración de la complejidad de la causa y la prórroga de la instrucción por término de seis meses a contar desde el 1 de febrero de 2024, a fin de practicar las diligencias antedichas y las que se deriven de ellas, que en este momento es imposible prever".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Audiencia Provincial de Barcelona, que preside el magistrado Antonio Recio, ha tumbado hasta el momento la investigación de la mitad de la causa Voloh. Se ha rechazado la prórroga en la instrucción que acordó el juez Aguirre de dos de sus cuatro piezas y en la actualidad, sólo quedan vivas dos de ellas: la investigación sobre la conexión rusa de Puigdemont y la referente a las subvenciones concedidas a la Fundación Catmon que preside Víctor Terradellas".
"La prórroga de la investigación en la pieza sobre los rusos y Puigdemont, que acordó el instructor en agosto de 2023, está siendo ahora revisada y podría ser archivada al igual que las otras dos piezas de la causa. Es un escándalo que se esté estudiando en mayo de 2024 la prórroga de la instrucción acordada hace 9 meses", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "la Audiencia Provincial de Barcelona está asfixiando mientras tanto la citada investigación sobre las conexiones rusas del expresidente catalán fugado, porque tres meses después no ha resuelto la recusación planteada por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, contra el propio instructor. La causa está parada".
Las diligencias acordadas por el juez Aguirre en enero aludían a nuevas investigaciones sobre el ofrecimiento de una Cataluña independiente a la Rusia de Vladimir Putin para que la nueva república se convirtiera en una suerte de Suiza de las criptomonedas a cambio de apoyo económico y militar del Kremlin. Las pesquisas incluían también los contactos de personajes como el director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, de David Madí, que fue la mano derecha de Artur Mas, o Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de Convergencia con elementos del entorno de Putin, agentes de sus servicios secretos y diplomáticos así como personajes de la extrema derecha alemana e italiana. Toda esa investigación podría quedar invalidada si la Audiencia Provincial de Barcelona no da el visto bueno a la prórroga de la instrucción acordada en agosto de 2023.
Reunión de Puigdemont con la diplomacia de Putin
El juez Joaquín Aguirre destacó en dicho auto del pasado mes de enero que "consta acreditado que Josep Lluís Alay tuvo con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, una serie de conversaciones por mensajería instantánea que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin, ya que se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny y que tampoco critique al presidente de Bielorusia Viktor Lukashenko. Ambos también viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".
El auto señalaba también una reunión en el palacio de la Generalidad y en presencia de Puigdemont con un par de sujetos que formaban parte de la diplomacia paralela de Putin. Uno de ellos, según información anónima remitida al juzgado, sería Nikolay Sadovnikov. Según esa documentación remitida al juzgado "en la reunión con el presidente de la Generalitat, varios testimonios confirman la oferta que realizó Sadovnikov de varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".
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