El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar en calidad de investigada a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez el viernes 5 de julio, a las 10:00 horas, en el marco de la investigación por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la cita en esa fecha en aras de una instrucción lo más ágil posible, como establece el 324 de la LECrim, tras ponderar el auto de la Audiencia Provincial de Madrid cuando concluye la existencia de elementos que justifican la aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada".
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la semana pasada la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias por delitos de delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares.
"De la documentación unida a la denuncia, resulta que la Consultoría denominada Innova Next S.L.U., del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2.021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000€, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta. El citado empresario en junio de 2.021 obtuvo otro lote de contratos, para su U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, de la citada Empresa Pública "Red.es", ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 € de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez", apuntaba el auto.
Según la Audiencia Provincial de Madrid, "existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido y que son suficientes en relación a lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento, exigiendo en lo que respecta a los indicios, que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, ‘sospechas fundadas’ en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona".
"De lo que antecede resulta que con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, actividad que legitima una investigación, sin que sea necesario por el momento, anticipar una exacta calificación jurídica", concluían los magistrados.
Hace un mes, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió en apenas 24 horas la investigación iniciada por el juez Peinado. El Ministerio Público solicitó entonces la revocación del auto del instructor que originó la investigación y pidió el archivo de la causa en un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial que fue desestimado.