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Las acusaciones reclaman al Decanato conocer el coste del dispositivo para blindar las declaraciones de Begoña Gómez

Según ha podido saber LD, la acusación popular piden el "detalle de los recursos
humanos y económicos comprometidos en el dispositivo de seguridad".

Según ha podido saber LD, la acusación popular piden el "detalle de los recursos
humanos y económicos comprometidos en el dispositivo de seguridad".
Furgones policiales blindan los juzgados de Plaza de Castilla ante la llegada de Begoña Gómez. | Miguel Ángel Pérez

Las acusaciones populares han reclamado al Juzgado Decano de Madrid de María Jesús del Barco conocer el coste económico del dispositivo especial de seguridad desplegado para blindar las declaraciones judiciales de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

La mujer de Pedro Sánchez comparece este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Begoña Gómez se volverá a librar del ‘paseíllo’ como en su citación del pasado 5 de julio y podrá entrar a los Juzgados por el garaje por "motivos de seguridad".

Según ha podido saber Libertad Digital, las acusaciones populares personadas en el caso, es decir, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y MRPE han solicitado en un escrito remitido al Juzgado Decano de Madrid que se informe del coste total del despliegue personal y técnico ocasionado por las declaraciones de Begoña Gómez.

El escrito, presentado este jueves con urgencia, responde al Acuerdo Gobernativo de la juez decana de Madrid María Jesús del Barco que, de nuevo, ha resuelto a favor de llevar a cabo medidas extraordinarias para que la esposa de Pedro Sánchez, que no ostenta cargo especial ni condición de autoridad pública, acceda a los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla a través del garaje.

La acusación popular conjunta solicita, de manera concreta, el "detalle de los recursos humanos y económicos comprometidos en el dispositivo de seguridad y control asumidos por el Juzgado Decano," que han sido o serán utilizados tanto el 5 de julio como mañana, 19 de julio.

Recordamos que el pasado 5 de julio, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska desplegó un dispositivo policial sin precedentes en las inmediaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid con más de 15 furgones policiales antidisturbios, decenas de efectivos, un perímetro de seguridad y relegando a los medios de comunicación a la isleta del carril Bus vao del Paseo de la Castellana.

El acuerdo gubernativo del Juzgado Decano de Madrid para la segunda citación de Begoña Gómez establece además que "sólo podrán acceder a la sexta planta del edificio los magistrados, letrados de la administración de justicia y funcionarios que presten sus servicios en los juzgados de instrucción números 17 a 20 y 37 a 42. Los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".

El acuerdo permite a Begoña Gómez "entrar por las cloacas"

Por su parte, la asociación Hazte Oír e Iustitia Europa, han solicitado medidas cautelarísimas de suspensión inmediata al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través del Recurso de Alzada contra el Acuerdo Gubernativo del Decanato de Juzgados de Madrid al vulnerar los derechos fundamentales de los art. 14 y 24 de la Constitución Española. "El Acuerdo permite a María Begoña Gómez Fernández entrar por las cloacas de Plaza de Castilla para acceder al edificio donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, da lugar a una situación anómala como nunca se ha visto", apuntan.

"Begoña Gómez no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad (conocida) siendo una ciudadana común. Al acudir a declarar como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encartada en las DPPA 1146/24, se le conceden determinados privilegios porque es «esposa del presidente del gobierno». Los abogados que acudimos mañana vamos a ver nuestra capacidad de trabajo limitada y coaccionada. La investigada siempre va acompañada de guardaespaldas y personal de seguridad, y, por tanto, está debidamente protegida, mientras que los letrados no contamos con este servicio de protección, tanto más necesario conociendo la historia del PSOE. ¿por qué nosotros no podemos entrar por el garaje para evitar que algún socialista controlado o descontrolado nos agreda?", concluyen.

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