Confiamos en no tener que pedir disculpas a Alberto Nuñez Feijóo y a Santiago Abascal por destacar y aplaudir la coincidencia y el acierto de ambos dirigentes políticos a la hora de denunciar el proyecto de amedrantamiento que Sánchez ha ideado contra los medios de comunicación que no se pliegan al gobierno a raíz de las informaciones de la corrupción por la que ha acabado siendo investigada la esposa del presidente, Begoña Gómez. Y es que, aunque Sánchez tenga la orwelliana desfachatez de calificar este plan para amordazar a los medios de comunicación críticos como un "plan de regeneración democrática", y de presentarlo como una mera trasposición a nuestra legislación del "reglamento Europeo sobre la libertad de los Medios de comunicación", su proyecto de aumentar o de retirar subvenciones a los medios de comunicación, en función de si sus contenidos informativos coinciden o no con la verdad oficial del gobierno es, ciertamente, "un castigo por ley a los medios que informan de la corrupción", tal y como ha denunciado el lider del PP, y una clara muestra de "persecución ideológica", tal y como ha denunciado el líder de Vox.
A Sánchez le podrá molestar, tal y como ha dejado en evidencia en el Congreso, el elevado porcentaje de españoles que cree que estamos atravesando una crisis económica, o que es malo vacunar a los menores de edad, o que temen que alguien okupe su casa. Pero esos discutibles porcentajes, que para otros dirigentes políticos pueden ser considerados, por el contrario, muy bajos, nada tiene que ver con un reglamento europeo, que lo que trata de preservar es la libre competencia y la libertad de prensa como la mejor manera de estar bien informados. Eso, por no recordar que los reglamentos europeos tienen que ser, simplemente, cumplidos sin tener que ser trasladados, tal y como sí sucedería con una directiva europea, a ley nacional alguna.
Para colmo, la utilización del reglamento europeo sobre libertad de prensa como excusa de esta campaña del Gobierno contra lo que Sánchez califica de "bulos" y "pseudomedios de comunicación" ha coincido con la noticia de que la Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez que investigue a la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito de apropiación indebida tras su falta de colaboración en el marco de la investigación interna efectuada en la institución universitaria. A este respecto, las facturas investigadas de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en esta universidad superan ya los 100.000 euros.
Ante estos hechos, ¿qué va a hacer ahora Sánchez? ¿Calificar a la Complutense de pseudouniversidad? ¿Amenazarla con retirarle la subvenciones públicas por ser propagadora de "bulos"? Asediado por los casos de corrupción que afectan a su partido, a su esposa o a su hermano, Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de seguir en la poltrona
