No fue un día fácil para Pedro Sánchez el de ayer en el Congreso. A las duras intervenciones de la oposición, hay que añadir las dudas que empiezan a surgir entre sus socios por los negocios de Begoña Gómez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había fijado hace muchas semanas la fecha del 18 de julio para presentar pomposamente su plan de lucha contra los bulos y regeneración democrática. Seguramente cuando fijó la fecha pensaba que, para entonces, el juez Peinado habría archivado el caso que persigue a su mujer. Pero el aplazamiento de su comparecencia para el viernes 19 de julio ha aguado lo que los medios han calificado como "plan Begoña". El nombre obedece a que sólo a raíz de que empezasen a publicarse informaciones sobre las actividades profesionales de su mujer —centrada a captar fondos privados y también públicos para empresas— y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense es cuando Pedro Sánchez ha sentido la necesidad imperiosa de parar lo que el denomina bulos de los tabloides digitales de la fachosfera. Como así lo comunicó en su carta a la ciudadanía tras la que se retiró a reflexionar durante cinco días sobre si merecía seguir siendo presidente del Gobierno. De aquel teatrillo al bluf de ayer.
Seguramente el presidente del Gobierno se esperaba réplicas duras de la oposición, como efectivamente lo fueron —muy especialmente las dos de Alberto Núñez Feijóo, que le ha tomado completamente la medida a Sánchez—.
Pero le tuvo que pillar por sorpresa que uno de los socios preferentes del Gobierno, el PNV —cuyos votos fueron fundamentales para tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy mediante moción de censura en 2018 y lo han seguido siendo para mantener a Sánchez en Moncloa— diese un salto figurado al muro, colocándose en la misma posición que el Partido Popular, a saber: que más allá del reproche penal de las actividades de Begoña Gómez —algo que tendrá que dirimirse en instancias judiciales— y más allá de la consideración que te merezcan las organizaciones que han iniciado esa causa judicial, lo que nadie puede dudar es de que hay cosas que no se pueden hacer. Si Feijóo aludía en su primera intervención a que la "brújula moral" de Sánchez estaba averiada, Aitor Esteban le dijo al presidente —que en ningún momento le miró a la cara—, que "me sorprende que nadie diga que hay cosas que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley, sino porque no se deben hacer".
Centrándose en el "aspecto ético" de las actividades de Begoña Gómez, utilizando la Moncloa como centro de sus operaciones empresariales, Aitor Esteban abundó en el reproche de la actuación del matrimonio presidencial. "No abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos" dijo mirando fijamente al presidente del Gobierno. "Seguramente no habrá caso penal —añadió— pero hay límites más allá de lo legal. Es puro sentido común. Hay cosas que no se deben hacer. Y hay que decirlo. Cuando suceden estas cosas, hay que llevarlas al punto de gravedad que tienen… Pero negar este tipo de cosas y no abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos".
Pedro Sánchez no levantó la vista de su escaño mientras duró la diatriba de Esteban. Ni hizo muecas y gestos despectivos como suele hacer cuando el que hace los mismos reproches es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco respondió sobre este asunto en su réplica a Aitor Esteban.
Es posible que Sánchez no se esperase que fuese su socio preferente el que le cantase las verdades del barquero. Al del PNV sólo le faltó gritar, como hizo el niño de la fábula El traje nuevo del emperador, que "el rey está desnudo" para despertar a la silente bancada socialista y sus socios de Gobierno.
Y a lo mejor entonces los medios que callan ante actuaciones tan poco ejemplares como las que protagonizan Sánchez y su mujer salen de su largo y vergonzante letargo señalando la desnudez de Sánchez. La lucha contra la fachosfera no justifica el silencio de tantos sobre actuaciones reprochables, al menos desde el punto de vista ético y moral. Lo demás, que lo decidan los jueces con todas las garantías que un Estado de derecho brinda a una persona investigada.
