Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez lanza el mayor ataque contra la prensa libre del actual periodo democrático, quienes dicen defenderla se erigen en tribunales de excepción mediáticos para atender las pataletas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar.
La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) agrupa las ‘asociaciones de prensa’ cuya representatividad es equivalente a la que tienen los sindicatos subvencionados en otros sectores de la economía. Ninguna. Especialmente entre los periodistas más jóvenes o los que trabajan en medios de comunicación modestos, aquellos que a priori necesitan más protección por parte de este tipo de asociaciones. Curiosamente su representatividad aumenta exponencialmente entre quienes se reparten las tertulias en los medios públicos de comunicación, colocados, todos, con el beneplácito de los partidos políticos. Siempre los mismos.
Han tenido que compensar su manifiesta incompetencia para defender el ejercicio de la prensa libre, y su cobarde y sistemático servilismo con el poder, ofreciendo seguros médicos y otro tipo de beneficios a sus afiliados. No sabemos si regalando ortodoncias todavía consiguen que alguna gente se asocie, pero su inutilidad para la defensa del periodismo libre es tan palmaria que la corroboran los lamentos de sus directivos por el deterioro del oficio periodístico en los últimos tiempos. Justo coincidiendo con la existencia de la FAPE. Por algo será.
Hace unos meses la FAPE envió una notificación a la redacción de Libertad Digital para comunicarnos que el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, había puesto una queja ante una comisión que dicen de "deontología" y en la que solicitaba la apertura de un expediente sancionador a LD y a su director, Raúl Vilas. La recibimos con enorme sorpresa por varios motivos:
En primer lugar, porque ni su director ni los periodistas de la redacción de Libertad Digital formamos parte de la FAPE y no nos sentimos concernidos por lo que haga o diga esta organización que sólo representa a su afiliación y no a todos los que nos dedicamos al oficio periodístico. Lógicamente ni enviamos alegaciones ni vamos legitimar tribunales de excepción formados por personas sin autoridad legal, profesional ni, por supuesto, moral para juzgar y mucho menos sancionar, el desempeño profesional de un periodista.
En segundo lugar, por la noticia que motivaba la queja de Ignacio Escolar. Una información impecable (se puede leer aquí) en la que informábamos de un hecho indiscutiblemente noticioso como es que desde la Comunidad de Madrid se acuse a unos periodistas de acosar a Isabel Díaz Ayuso y su pareja en las inmediaciones de su domicilio. Con un titular irreprochable como este: "El Gobierno de Ayuso denuncia que dos periodistas de elDiario.es intentaron entrar en su casa". A día de hoy seguimos esperando que la FAPE nos aclare en qué falta a la verdad ese titular.
En tercer lugar, por la identidad del denunciante. Que una persona con la trayectoria de Ignacio Escolar te denuncie por vulnerar códigos deontológicos resulta irónico, como poco. Puede que para la FAPE Ignacio Escolar sea un modelo de conducta y su página web un ejemplo de lo que debe ser el periodismo; para nosotros es todo lo contrario y cada día nos esforzamos en que quede patente. No admitimos lecciones de ningún tipo de un medio de comunicación que celebra el "periodismo independiente" con su director y propietario pavoneándose con el presidente del Gobierno y una docena de ministros.
Ni tan siquiera necesitábamos leer los argumentos de la pseudodenuncia, ni siquiera abrir el sobre, para saber de antemano cuál sería el resultado del pseudoprocedimiento. Bastaba con conocer quién denunciaba, quién era el denunciado y quién era el encargado de juzgar. Es tal el sectarismo de esta supuesta élite periodística que acertamos: hemos sido sancionados.
Aunque no tenemos la más mínima intención de justificar nuestro trabajo ante pseudotribunales sin jurisdicción ni autoridad moral, conviene analizar con detalle los tramposos argumentos de la pseudodenuncia y que la FAPE hace suyos, para dejar en evidencia su mendacidad y su mala fe:
1) En primer lugar, la información se publicó aludiendo en todo momento a que eso era lo que decía la Comunidad de Madrid, a través de un portavoz más que autorizado para ello. La acusación vertida desde el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid suponía un hecho noticioso por sí mismo, de la misma forma que lo son cientos de acusaciones que formulan los distintos actores políticos y sociales y que son recogidas por los medios de comunicación, también por eldiario.es, que utiliza, asimismo, y de forma constante, fuentes gubernamentales no especificadas, o publica serias acusaciones sin recabar en ocasiones la versión de los acusados. ¿O es que cuando, por ejemplo, la página web de Escolar difunde las acusaciones de los asesinos de Hamas contra la democracia israelí consulta antes con el gobierno de Netanyahu para corroborar su veracidad? Quien avisaba era el Gobierno de Ayuso y no Libertad Digital y así queda meridianamente claro en la noticia.
2) No es cierto, además, como dice eldiario.es y da por bueno la FAPE, que la acusación la lanzara únicamente la fuente gubernamental mencionada. Un simple vistazo a la información publicada por Libertad Digital habría bastado para comprobar que estas acusaciones las refrendaba el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que públicamente afirmó aquella noche en Twitter: "Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos. Periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale. Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp". El tuit de Alfonso Serrano fue publicado por Libertad Digital en su noticia. Eldiario.es lo omite en su reclamación. Sorprende que esto se obvie no sólo en la reclamación sino también en la resolución efectuada por la FAPE, cuando esta asociación se arroga el papel de guardián de la excelencia del oficio periodístico. Es más, la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, confirmó la acusación dos días después en el pleno celebrado en la Asamblea de Madrid el 21 de marzo de 2024. Que una fuente autorizada, el número dos del partido en el gobierno y la propia presidenta realicen estas acusaciones constituye por sí mismo un hecho noticioso. ¿En qué vulnera Libertad Digital la deontología al informar de ello?
3) Es falso que transcurrieran "varias horas" hasta que se introdujo el desmentido, tal y como asegura eldiario.es en su reclamación. Como bien dice eldiario.es, la noticia fue publicada a las 21.25 horas. Ignacio Escolar publicó un mensaje en Twitter negando los hechos a las 22.31 horas. La publicación del desmentido del director de eldiario.es fue realizada, según los sistemas de Libertad Digital, a las 22.58. Ver el tuit, hacer alusión a él en la noticia y publicarlo fue cuestión de 27 minutos. Obviamente, decir que 27 minutos son "varias horas" es faltar deliberadamente a la verdad. Y la FAPE y su Comisión Deontológica, que insisten en autoerigirse como jueces del trabajo de los medios de comunicación, dan por buena esa afirmación que sí es un falsedad perfectamente comprobable. ¿Mentir en una reclamación sobre una posible vulneración del Código Deontológico de la FAPE vulnera el Código Deontológico de la FAPE? ¿No comprobar la veracidad de los datos de las reclamaciones que llegan a la FAPE es una vulneración de los miembros de la FAPE de su propio Código Deontológico?
Pero es que no sólo se incorporó a la noticia el desmentido de Ignacio Escolar a la Comunidad de Madrid - que no a Libertad Digital, porque este medio sólo se hizo eco de una denuncia de la CAM- sino que también se incorporaron otros desmentidos, como el del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Se queja eldiario.es de dos cuestiones en este sentido. En una se lamenta de que la noticia se hiciera eco "parcialmente" de los desmentidos que ellos difundieron, como si con uno – que además llevaba la firma de su director- no fuera suficiente y obviando el desmentido del delegado del Gobierno. Y también afea que no se cambiara "el titular ni el encabezamiento de la pieza". No, claro que no se hizo, porque era un hecho cierto: la Comunidad de Madrid acusaba a dos periodistas de dicho medio de "tratar de acceder por la fuerza" y "encapuchados" a la vivienda donde reside la presidenta. Una acusación a la que se unió minutos después el número dos del partido en el gobierno. El titular, el encabezamiento y el cuerpo de la noticia se ciñen a relatar un hecho veraz, como es que esas graves acusaciones se habían producido.
4) Este periódico no se limitó a reproducir los mensajes recibidos por Miguel Ángel Rodríguez, como sugiere eldiario.es, sino que se le realizaron más preguntas con el objeto de indagar en sus afirmaciones. Otro simple vistazo a la noticia hubiera bastado para comprobar que algunos de los datos proporcionados en esos mensajes enviados a distintos medios de comunicación no estaban o estaban modificados con respecto a esos mensajes originales.
En conclusión, lo que se interpreta tanto de la denuncia como de la resolución de la FAPE, mendaces ambas, es que se nos exige en nombre de la ética y la deontología tener una consideración y atención especial hacia Ignacio Escolar y su periódico, por ser él quien es, en nombre de una suerte de gremialismo medieval que produce vergüenza. Y por si fuera poco, además se hace sin reciprocidad: eldiario.es publicó acusaciones absolutamente falsas sobre la financiación de Libertad Digital sin corroborarlo antes con su director ni con nadie de esta redacción. No reprocharemos a la FAPE que jamás nos haya defendido cuando hemos recibido ataques desde los poderes públicos, entendemos que algunos de sus miembros están muy atareados elaborando manifiestos que alientan la censura, la persecución y el silenciamiento de los medios que molestan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La noticia se mantiene online sin modificar una sola coma y así seguirá, salvo que un juez nos indique lo contrario.