La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) se ha dirigido al Defensor del Pueblo, el Síndico de Agravios de Cataluña, la Sindicatura de Agravios de Barcelona y a la Oficina por la No Discriminación, otro organismo municipal de la capital catalana para que revisen e insten a la modificación del último decreto aprobado por la el gobierno catalán en funciones, el 91/2024, validado dos días después de las elecciones autonómicas. Dicho decreto regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario.
Según SCC, "con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, el decreto del gobierno catalán nace como una inquietante herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas –como la enseñanza de lengua y literatura castellana– y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo".
La entidad señala además que "el alcance del decreto no se limita a las aulas sino que afecta también a las actividades complementarias y extraescolares (parte esencial del proceso educativo), así como a las comunicaciones internas y externas de los centros escolares, que deben realizarse única y exclusivamente en catalán".
En el escrito dirigido a los defensores, SCC destaca que el decreto vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua. También contraviene las decenas de resoluciones judiciales a favor del bilingüismo y de que se imparta al menos el 25 por ciento de las clases en español".
En su queja, SCC señala que "la discriminación lingüística resultante de este decreto no sólo afecta a los derechos individuales de los ciudadanos, sino que tiene graves implicaciones para la cohesión social y la integración: al imponer el catalán como lengua vehicular de manera exclusiva o preferente se crea una barrera que dificulta la inclusión y la participación de aquellos ciudadanos con el castellano como lengua materna. Relegar a los alumnos castellanohablantes a una posición secundaria afecta a su autoestima y a su percepción de pertenencia a la comunidad educativa. La cohesión social se ve comprometida cuando una parte significativa de la población observa cómo su lengua y cultura son menospreciadas".
Y añade: "El grave impacto en términos de igualdad de oportunidades resulta más que evidente si tenemos en cuenta que el desarrollo personal y profesional de los estudiantes está ligado a una educación no discriminatoria de calidad. Unas desigualdades que afectan también negativamente a los profesores que no cumplen con los severos requisitos lingüísticos impuestos para el ejercicio de la docencia en Cataluña".
SCC pide a los defensores del pueblo que insten a la Generalidad para que se modifique el decreto "asegurando que catalán y castellano reciben el mismo trato en el sistema educativo". También solicitan que se anule el requisito del nivel C2 de catalán para el personal docente.
Suspensión cautelar del decreto
El decreto en cuestión está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A instancias de la organización Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dejó en suspenso el pasado 5 de julio la norma que desarrollaba el aparataje legislativo aprobado por los grupos independentistas y el PSC para evitar la aplicación de las sentencias lingüísticas, marginar el idioma español y evitar lo que la Generalidad considera "injerencias" judiciales en la enseñanza.
Los magistrados subrayaron en su resolución que el decreto impugnado "realiza un desarrollo reglamentario de la Ley 8/2022 y del Decreto Ley 6/2022, legislación que se promulgó de forma reactiva a la ejecución de la Sentencia de esta Sala y Sección núm. 5201/2020, de 16 de diciembre de 2020, dictada en el Recurso núm. 168/2015, que declaraba la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas necesarias para garantizar la utilización vehicular normal del catalán y castellano en el sistema educativo catalán en los porcentajes que se determinen, que no pueden ser inferior al 25%".