PSC y ERC son partidos hermanos, la izquierda federalista y la izquierda independentista. El diagnóstico de la realidad es común y se basa en "los principios esenciales del catalanismo de raíz popular, nación, progreso y respeto a la voluntad popular". Así lo establece el preacuerdo suscrito por ambas formaciones para investir al candidato socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Pero que el PSC asuma las tesis separatistas de ERC sobre los orígenes del "conflicto" no es novedad. Los socialistas, y no solo los de Cataluña, ya se vieron forzados a ello en el pacto entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) para investir a Pedro Sánchez.
Las novedades son de orden práctico, de un calado tan profundo que sientan las bases de la independencia económica de Cataluña al tiempo que consolidan la erradicación del español en la escuela y la red de "embajadas" de la Generalidad, crean nuevos chiringuitos y se fijan como objetivos tanto un referéndum como que las selecciones catalanas puedan estar presentes en competiciones internacionales.
Tras felicitarse por las coincidencias "históricas" entre ambas formaciones, el texto aboga por "construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña. Este consenso nos debe permitir avanzar en la vía del diálogo y la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña".
El siguiente objetivo, más concreto aún, es "impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidad de la Cataluña de los ocho millones de habitantes".
El tercer punto del acuerdo se basa en "reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán y la acción exterior de la Generalidad".
En el primer apartado, el de la "resolución del conflicto político", el acuerdo señala que "la aplicación de la ley de amnistía debe permitir culminar este camino e iniciar una nueva fase del proceso de diálogo y negociación entre Cataluña y el Estado". Socialistas y republicanos se proponen al respecto llevar a cabo un "debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente tal reconocimiento". Además, señalan "la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía".
A tal efecto se creará una "Convención Nacional para la resolución del conflicto político" que será presidida por un representante de ERC. "El Govern creará una Oficina que asegure los recursos humanos, técnicos y materiales para desarrollar sus tareas", señala el acuerdo.
Financiación singular tras el "España nos roba"
El grueso de texto se dedica al nuevo estatus económico de Cataluña, el "concierto económico solidario" que ERC ha arrancado a los socialistas a pesar de que hace una semana la vicepresidenta y titular de Hacienda María Jesús Montero calificaba de "mentira" que la región fuera a tener un sistema de financiación al margen del resto de comunidades.
La justificación para este concierto catalán es un resumen de la retórica separatista sobre el "España nos roba". El texto del preacuerdo indica que "Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera de largo lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras". Por eso, se descarta la reforma del modelo de financiación común en favor de un "nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad" que facilite un "aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa en todos los tributos generados en Cataluña para poder adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país y disponer de la cesión de los rendimientos de estos tributos".
El pacto fija "que sea la Generalidad la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea". Y por si no había quedado claro, insiste en la siguiente línea: "La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, excepto los de naturaleza local".
También se establece que "la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la aportación a la solidaridad", que se determinarán a través de un porcentaje de participación en los tributos. Socialistas y republicanos han acordado que "la aportación a la solidaridad debe ser explícita y se debe reflejar de manera transparente. La Generalidad debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad".
Hacienda catalana y traspaso de funcionarios
El nuevo modelo será implantado por una "Hacienda catalana" que tenga "plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generan en Cataluña". Tal hacienda "se instrumentalizará a través de la Agencia Tributaria de Cataluña". Además se avisa de que la asunción de tales competencias "requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos.
El pacto incluye también "el impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos. La intención es que la Generalidad asuma el IRPF en 2026.
En este capítulo también consta la creación de otro chiringuito administrativo, un Consorcio para las inversiones que se encargará de "hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y a la baja ejecución de las inversiones previstas". Se tratará de un consorcio paritario entre el Estado y la Generalidad
"Reconocimiento nacional"
Bajo ese apartado, el pacto entre socialistas y republicanos fija la creación de una consejería de política lingüística, la aprobación de un "pacto nacional por la lengua", así como "garantizar el catalán como lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas en sus actuaciones internas y en relación entre ellas, así como en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a las personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán". También se fija que el catalán será la única lengua vehicular en la educación y en la acogida al alumnado que proceda de fuera de Cataluña.
Más "embajadetas" y selecciones deportivas
El PSC ha suscrito además el blindaje del sistema de representación internacional de la Generalidad y se compromete a culminar "la creación del Cuerpo de Acción Exterior" y a establecer "un plan de implementación de sus funcionarios y funcionarias en todos los departamentos". En cuanto a las "embajadetas", el acuerdo indica que "se consolidará y ampliará la red de delegaciones actual, con especial atención a la América Latina y a Asia y se reforzará la acción exterior en el continente africano".
En cuanto a las selecciones deportivas catalanas, "se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas". Para ello se constituirá otro chiringuito, una "oficina del Govern adscrita al Consejo Catalán del Deporte" cuyo objetivo será que las selecciones catalanas tengan presencia en las competiciones internacionales con independencia de que participe España.
El último apartado del acuerdo se refiere a las políticas del gobierno de ERC que el PSC se compromete a mantener. Es un listado de buenas intenciones en materia de feminismo, ecologismo y economía en el que lo más destacado es que se intentará que la Generalidad tenga más peso en el control de las infraestructuras aeroportuarias.
