Pedro Sánchez lleva seis años dando bandazos y giros en su política inmigratoria, estrenándose en junio de 2018 con el acogimiento de los 630 del Aquarios para acabar felicitando a los policías marroquíes por haberse empleado a fondo en la valla de Melilla. O más recientes los bandazos protagonizados esta semana en la minigira por África.
Pedro Sánchez es un político tóxico que utiliza el problema de la inmigración para tensionar a la sociedad y a los partidos políticos, sin importarle que, mientras eso sucede, miles de inmigrantes mueren en el mar o son mal atendidos en las CCAA por falta de recursos. O que esta política puede provocar estallidos sociales y violencia en las calles.
Además de divisivo es frívolo e irresponsable. Pero en este caso estamos hablando de vidas humanas, que parecen importarle bien poco cuando antepone su sectarismo —no acordar nada con el PP— a salvar las vidas de esos inmigrantes y de tantos menores no acompañados que acaban recalando en las costas españolas.
Sin embargo en Europa se ha ido produciendo poco a poco un giro en las políticas de inmigración en gobiernos de diferentes ideologías, del norte y del sur, de la izquierda y la derecha, que van en sentido contrario al de Sánchez. Gobiernos que han dejado de lado el buenismo para afrontar el tema y atacar el problema de frente.
Además, una política como Giorgia Meloni ha dado buen ejemplo de cómo sí se puede afrontar con bastante éxito la política de inmigración. Evidentemente con muchas dificultades, porque es un tema muy complejo, pero al menos lo afronta con decisión y rectificando cuando ve que la estrategia falla.
El buenismo mata
En Europa no toda la izquierda es buenista, o no lo es en estos momentos. Lo que se está produciendo es un evidente giro hacia una mayor dureza en las políticas inmigratorias.
La izquierda que ha tenido buenos resultados en las pasadas elecciones europeas es la izquierda que aplica medidas contra la inmigración, como en Dinamarca —con medidas durísimas—, en Suecia, en Noruega, en Islandia, por no hablar de Finlandia que ha dado por finalizada su tradicional política de acogida.
Pero no es sólo en el norte de Europa: este giro se está dando también en el PASOK griego, que ha tratado de eludir el debate porque sabe que la opinión pública está mayoritariamente contra el buenismo, y finalmente ha acabado apoyando un endurecimiento de la política migratoria.
Si nos vamos a Alemania, el atentado en el festival de Solingen donde un terrorista sirio mató a cuchilladas a tres personas y dejó heridas graves a nueve, ha reavivado el debate sobre la inmigración, con un Olaf Scholz indignado amenazando con endurecer las leyes migratorias, en un país donde ya se estaba trabajando para que las devoluciones fuesen mucho más rápidas.
Los Verdes, por su parte, piden un cambio integral de todo el sistema, no sólo de las leyes de asilo, acelerando también las deportaciones. El equivalente a Podemos y a Sumar, Die Linke, ha estado en riesgo de escisión en los pasados meses porque gran parte de sus dirigentes son partidarios de llevar a cabo una política mucho más dura con los inmigrantes. Y aunque las deportaciones no dejan de intensificarse, Alternativa por Alemania está obteniendo un caudal de votos crecientes por el malestar social que la inmigración desordenada provoca, con un crecimiento también sintomático de la islamofobia que atentados como el de Solingen no hacen sino alimentar.
Reino Unido ha tenido que enfrentarse también a una crisis con episodios de violencia en la calle por el asesinato de tres niñas, violencia protagonizada por miembros de la extrema derecha.
Keir Starmer, recién llegado al 10 de Downing Street, suprimió de inmediato el Plan Ruanda, y los fondos que tenía reservados al mismo se dedicarán a la lucha contra el crimen organizado y las mafias que están detrás de la inmigración ilegal, además de diseñar una política de deportaciones muy dura… todo ello con la cooperación internacional, muy especialmente con la Unión Europea, donde si alguien está brillando en estos momentos es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni y el Plan Mattei
A finales de enero de 2024 Giorgia Meloni puso en marcha un plan de emergencia completo para frenar la avalancha inmigratoria que durante 2023, cuando ya era primera ministra de Italia, se había disparado.
Los objetivos de ese plan pasaban por dar cauce a la inmigración legal, ordenándola y vigilando el sistema; una guerra frontal contra las ONG y organizaciones que se dedican a importar inmigrantes y que se valen de las mafias de trafican con ellos; la creación de centros de detención fuera de Italia y la ayuda a los países emisores a controlar sus fronteras mediante importantes inyecciones de dinero. Ese dinero iría destinado a inversiones económicas en educación, sanidad, agricultura, agua y energía en los principales países emisores de emigración ilegal.
Encauzar la inmigración legal y vigilar el sistema
Meloni, que había declarado desde antes de ser primera ministra la guerra a la inmigración ilegal, en el otoño de 2023 aprobó un decreto que abriese una vía legal a los extranjeros que quieren trabajar en Italia. El objetivo era cuadrar las necesidades de la economía del país con los deseos de emigrar. Esto no puede hacerse en España desde la crisis financiera, entre otras cosas por oposición de los sindicatos.
El decreto habilitaba cuotas de entrada legal durante tres años consecutivos. Pero el sistema fue tomado por las mafias que copaban las peticiones de ofertas de trabajo que revendían a mafias de otros países. Es decir: no basta con aprobar un decreto, sino que hay que hacer un seguimiento de su aplicación para que el resultado no sea el contrario al que se busca.
Deportaciones inmediatas de irregulares
En base al Plan Mattei, Italia inició este año las deportaciones inmediatas de los inmigrantes que llegan irregularmente a sus costas, mientras se acoge y recoloca a aquellos que lo hacen de forma legal.
El resultado, cuando aún no ha terminado el año, es que Italia ha conseguido reducir en un 62% la inmigración irregular. Según datos oficiales del Ministerio del Interior italiano, en 2024 han entrado en Italia 40.660 inmigrantes irregulares frente a los 113.000 de 2023. Bien es cierto que esa cifra es sólo un poco menor que la de 2022, unos 55.000, por lo que al final de año igual las cifras se aproximan a las de ese 2022.
Pedro Sánchez, como hemos contado en anteriores entregas, ha evitado hablar de deportaciones y expulsiones masivas. Sólo en su minigira africana de esta pasada semana, y dando otro salto mortal con tirabuzón, el presidente ha pronunciado por fin las palabras mágicas —mafias y deportaciones—, tabú para la izquierda buenista, al señalar que "es imprescindible el retorno de los que han llegado a España irregularmente, porque este retorno traslada un mensaje desincentivador para las mafias y de los que se ponen en sus manos". Todo ello después de que los ministros de su Gobierno salieran en tromba a criticar al PP por decir exactamente lo mismo.
Eso sí, este nuevo bandazo, que no sabemos si será el último y definitivo, no ha gustado nada a sus socios de Gobierno, que acusan a Sánchez de "comprar el discurso de la derecha".
Gran inversión financiera
La de Italia es una política migratoria que no sale gratis. Al contrario, es una política muy cara que requiere ingentes inversiones, especialmente destinadas a terceros países emisores. Una vez que descartó el "bloqueo marítimo" por inviable —que fue su primera apuesta— Meloni se centró en regar económicamente a los países emisores del otro lado del Mediterráneo, subcontratando el control de fronteras en origen.
A principios de 2024 Meloni anunció un presupuesto de 5.500 millones de euros para afrontar el tema de la inmigración. De ellos, 3.000 vendrían del Fondo Italiano para el Clima y los otros 2.500 del Fondo para la Cooperación al Desarrollo.
Una aportación financiera que supera en muchos miles de millones a lo comprometido por Pedro Sánchez para frenar la inmigración en los países de origen y ayudar a las administraciones autonómicas en la gestión de todo el proceso asistencial, incluido los miles de menores no acompañados —menas— que llegan a nuestras costas.
Ese gran desembolso de fondos ha permitido a Meloni cerrar acuerdos con terceros países.
Acuerdos con terceros países
La oscilación en las cifras de inmigrantes depende de muchos factores. Los memorandos firmados con terceros países no siempre dan el resultado esperado. Por ejemplo: los sucesivos acuerdos firmados con Libia por diferentes gobiernos italianos, con la ayuda de Bruselas, a veces se cumplen más y a veces menos. A Libia se le paga para que los inmigrantes no salgan de sus puertos, pero abren y cierran el grifo según sus propios intereses. Algo parecido a lo que ocurre en España con Marruecos. El chantaje de estos países es continuo, y no hay seguridad jurídica de que los fondos se destinen a lo acordado, porque la corrupción es una lacra que afecta a la mayoría de ellos.
Pero una vez que se estabilizó la situación con Libia, se abrió otro frente en Túnez, país con el que si se ha llegado a un buen acuerdo. Meloni, acompañada por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, y por el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha firmado con el presidente tunecino, Kais Saied, un acuerdo de ayuda por el que le han concedido 255 millones de euros a cambio de un freno a los flujos migratorios y el compromiso de Italia y Bruselas de facilitar el acuerdo de casi 2.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para que no se le abra otro frente, la primera ministra italiana ha impulsado otro acuerdo muy parecido al de Túnez con Egipto.
Por lo que se refiere al acuerdo con terceros países para que abran centros de acogida a cargo de fondos italianos, como el que se prevé abrir en Albania, es una promesa no cumplida de momento, y está por ver si finalmente se lleva a cabo, porque la propuesta ha suscitado tantas adhesiones como críticas. De todas formas, si al final se hiciese, Albania sólo acogería a 3.000 inmigrantes, hombres y mayores de edad. Una cantidad mínima que tampoco soluciona el problema.
Según ha declarado el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, el Plan Mattei supone "una estrategia de 360 grados compleja que ha visto, en particular, el fortalecimiento de la colaboración con los países de origen y de tránsito de los flujos migratorios: además del tradicional apoyo para reforzar su capacidad operativa y de control de fronteras marítimas y terrestres, y el apoyo de importantes inversiones en esos territorios". Una estrategia que ha costado una fortuna pero que está dando resultados.
Lucha contra las mafias
Sí se está luchando frontalmente con las ONG del Mediterráneo que se dedican a importar inmigrantes y que se valen de las mafias de trafican con ellos, siendo retenidos durante días en altamar para impedirles que socorran las barcazas con inmigrantes. Evidentemente es un tema delicado, pero la única forma de frenar ese tipo de inmigración ilegal y desordenada es acabar con las mafias.
En el Plan Mattei se establecen restricciones a las ONG de rescate marítimo que incluyen la obligación para estas ONG de llevar a los inmigrantes rescatados al puerto más cercano y multas y sanciones de hasta 500.000 euros a las ONG que incumplan las nuevas regulaciones. El objetivo es desincentivar todo este entramado clientelar en torno a un drama humano como el de la inmigración.
Como hemos señalado antes, Pedro Sánchez y su Gobierno han eludido entrar a fondo en este espinoso asunto donde se ven también involucradas ONG tan del gusto de la izquierda progre, cuya actuación adornada por la bondad de la acción y la intención —¿cómo vamos a dejar a tanta gente en el mar?— lo único que consigue es agravar el problema.
Conclusión: Sánchez vs. Meloni
Frente al plan diseñado por Meloni, el Gobierno de Pedro Sánchez carece de una política de inmigración definida, más bien todo lo contrario: imprevisión e improvisación; buenismo y utilización partidista de la inmigración; insolidaridad con las CCAA afectadas y nula coordinación con ellas; no ha conseguido marcar la agenda europea en esta materia, pese a ser frontera sur y a que se vanagloriaba de ello en Manual de resistencia; y, por último, recursos muy insuficientes para afrontar el problema... mientras se riega a Cataluña con miles de millones y una financiación singular para garantizarse su estancia en la Moncloa.
En definitiva, una estrategia irresponsable y frívola que juega con la vida de muchos seres humanos. En mucho menos tiempo Giorgia Meloni está consiguiendo revertir la situación, con sus luces y sus sombras, mientras que la inacción de Sánchez nos lleva a una catástrofe humanitaria y a una hecatombe con riesgo de estallidos sociales y violencia en las calles como ha ocurrido en Reino Unido.