El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tardará 6 meses en desatascar el colapso en la justicia causado por la Ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobada en 2021 para impedir al Consejo realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "poner al día los nombramientos será el primer objetivo del nuevo Gobierno de los jueces. Desde que entrara en vigor hace tres años la Ley del Ejecutivo socialista, se ha creado un atasco de 102 plazas sin cubrir entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales".
Cabe destacar que todos estos cargos deben designarse con mayoría reforzada de tres quintos. Por ello, las negociaciones entre vocales conservadores e izquierdistas del Consejo serán indispensables para sacar adelante cualquier elección.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "los vocales tienen el propósito inicial de proponer candidatos para las vacantes atendiendo a su mérito y capacidad. Todos los jueces tienen ideologías, pero hay que elegir a los que sean considerados los mejores para el cargo, independientemente de sus ideas. Veremos si se acaba cumpliendo esta intención del nuevo CGPJ".
De los 102 nombramientos pendientes, 29 se encuentran en el Tribunal Supremo. Concretamente, 4 de 10 magistrados en la Sala Primera (Civil), 1 de 15 en la Sala Segunda (Penal), 14 de 33 en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), 7 de 13 en la Sala Cuarta (Sala Social) y 3 de 8 en la Sala Quinta (Militar). Además, el magistrado Manuel Marchena dejará la presidencia de la Sala Penal en noviembre tras cumplir dos mandatos y el magistrado Francisco Marín hará lo propio en la Sala Civil por jubilación.
En la Audiencia Nacional está vacante la presidencia de la Sala Penal y un magistrado de la Sala Social. En los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) hay pendientes 40 nombramientos, entre ellos, se tienen que convocar las plazas para escoger 8 presidencias con el mandato caducado: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia. Por último, hay 31 vacantes en las Audiencias Provinciales de toda España.
En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido avalaba la reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos con el mandato caducado. La sentencia, de la que era ponente la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer, afirmaba que la Constitución únicamente determina, de forma clara y unívoca, que la duración del mandato de los vocales del CGPJ es de cinco años, periodo en el que están en el pleno ejercicio de sus atribuciones, no pudiéndose deducir de esta previsión la prohibición de que el legislador limite las funciones del Consejo cuando se supera el plazo de cinco años referido en el art. 122.3 CE.
La sentencia también señalaba que el CGPJ en funciones debe poder desarrollar las atribuciones que constitucionalmente le correspondan, pero sometidas a límites estrictos que eviten que este órgano, en situación de prórroga por la concurrencia de una circunstancia de anomalía institucional.
"La elección de los mejores profesionales"
Durante la apertura del año judicial celebrada la semana pasada, la presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, afirmaba que "es esencial que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad. Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales".
Perelló reconocía además el trabajo de los magistrados del Supremo: "Especialmente, no puedo dejar de reconocer la excelente labor de mis compañeras y compañeros del Tribunal Supremo que en una situación muy difícil, con motivo de las bajas no cubiertas, han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo, no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos".
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