Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han vuelto a salir este martes a las calles de una treintena de ciudades para exigir al Ministerio del Interior mejoras en sus condiciones laborales. Unas demandas que, en buena parte, vienen heredades del no cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial que los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles firmaron con Interior en 2018, y del que se ha cumplido poco más que la subida salarial mínima.
Convocados por Jusapol, el colectivo transversal que lideró las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en 2016 y 2017, del que luego saldrían JUCIL (Justicia Civil) y JUPOL (Justicia Policial), la asociación Instituto Armado y el sindicato de la Policía que se han convertido en mayoritarios en el Consejo de ambos cuerpos, han protestado frente a las delegaciones y subdelegaciones que el Gobierno tiene repartidas por buena parte de España.
La primera de las reclamaciones de los agentes se ha centrado en la equiparación salarial con los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza. "No es justo que, por hacer el mismo trabajo, no tengamos el mismo sueldo. Nosotros no pedimos privilegios ni tratos especiales. Lo que exigimos es justicia. Mismo trabajo, mismo salario. El tiempo de las medias tintas se ha terminado", han exigido en un manifiesto leído en la treintena de concentraciones.
La segunda de las reclamaciones es lo que denominan como una "jubilación justa". "No es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda y sitúa la diferencia retributiva actual en favor de las policías autonómicas en un 20 por ciento en el salario, un 61 por ciento en las pagas extra y un 45 por ciento en las pensiones de jubilación, a lo que se suma que las policías autonómicas y locales pueden jubilarse a los 59 años, algo vetado a los policías nacionales y guardias civiles", han denunciado.
La tercera y última de las reclamaciones ha sido la del reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo. "El sacrificio que hacemos no puede ser ignorado. Cada vez que un compañero cae en acto de servicio, recordamos lo vulnerable que es nuestra labor. Y aunque este riesgo forma parte de nuestra vocación, es responsabilidad del Estado reconocerlo y protegernos adecuadamente", han mantenido.
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