La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) estudiará si investiga si el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, cometió un delito de financiación ilegal por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas del pasado 12 de junio, en las que consiguió 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo.
Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía General del Estado recibió el pasado 19 de septiembre una denuncia por parte de Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas cuyo entramado ha sido a su vez denunciado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa. Este mismo martes, el empresario ha presentado una ampliación de la misma.
En la denuncia, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros "en efectivo" al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío", le habría escrito Alvise en un mensaje.
El empresario sostiene que fue uno de sus empleados el que remitió a las 16.00 horas de ese día en sus oficinas de Madrid la cantidad a Pérez. "Tras la entrega de esa cantidad en efectivo, seguimos teniendo una relación fluida que nos une y entre otras cuestiones acordamos vernos en Ibiza para, junto con dos influencers, dar visibilidad a los negocios y conectarme con lobbies en Europa", recoge la denuncia.
Romillo asegura que su relación con Alvise Pérez "se redujo" a la entrega de esa cantidad, a acudir a un evento del ahora eurodiputado y "crear y dirigir las wallet" que publicitaba en su canal de Telegram "para recaudar fondos".
La necesidad de Alvise
Romillo mantiene que fue el fundador de Se acabó la fiesta (SALF), que siempre ha hecho gala de su supuesta integridad y de renunciar a su sueldo como eurodiputado sorteándolo entre sus seguidores, el que le contactó ya que tenía una "necesidad de tráfico y alcance, fondos". Esta necesidad a la que habría hecho referencia Alvise requería que los mismos fondos que, según la versión del empresario le pidió, no fueran "controlados por el Tribunal de Cuentas" ya que serían "fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos".
Para demostrar estos supuestos, el empresario incluye en su ampliación de la denuncia pantallazos de las conversaciones que mantuvo con Pérez hasta este mismo mes de septiembre, y en las que ambos charlan acerca de la publicación en medios del presunto desvío de donaciones a su formación.
Ser llave de Gobierno, la ambición de SALF
El propio Alvise ha informado en varias ocasiones de que su intención es dejar su escaño como eurodiputado cuando se convoquen elecciones generales con el objetivo de ser llave de Gobierno y condicionar así las políticas de un hipotético tripartito formado entre su formación, el PP y Vox. Esta, además, es la versión del empresario, que recalca los motivos de la petición de fondos por parte de Alvise.
"Todo ello, a fin de hacer crecer el partido, prepararse para el objetivo de lograr cinco escaños en 2026 para optar a ser llave del Gobierno, y, de este modo, influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil", sostiene en su escrito Romillo.
Esta misma mañana, la denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.
Romillo está denunciado por estada
Por su parte, víctimas de una presunta estafa han pedido a la Audiencia Nacional (AN) esta semana que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria, y cuyo CEO era el propio Romillo.
Desde Aránguez Abogados, que representan a algo más de 500 afectados, explican que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas"
El despacho ha presentado este miércoles una ampliación de la denuncia en la que piden a la Audiencia Nacional que se inhiba y que la competencia pase al Supremo. Según este despacho, Romillo habría manifestado "públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados".