La Fiscalía ha solicitado "destruir" del sumario del caso de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez toda la documentación del sumario encontrada durante el registro efectuado al empresario Juan Carlos Barrabés.
El pasado 23 de agosto, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registraban el domicilio y la empresa de Juan Carlos Barrabés por orden del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. En el registro del domicilio de Barrabés, los agentes se incautaron de una tableta electrónica, dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo electrónico. En su oficina, requisaron un teléfono móvil, un disco duro, intervinieron 7 cuentas de correo electrónico y la información de un sistema de mensajería instantánea de Barrabés y de otros 5 trabajadores.
En un recurso de 7 páginas remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía desacredita el auto del juez Peinado que justificó la entrada y registro en la casa y la empresa de Barrabés: "Ayunos como estamos de motivación fáctica, tampoco se entiende la necesidad de una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la investigación. El Auto solo dice que es posible encontrar documentos para la investigación, pero permite la obtención de evidencias en relación a personas que pudieran ser herramienta, sin precisar cuál es la sociedad afectada o personas de relevancia para la investigación. De nuevo nos encontramos con alegaciones genéricas e imprecisas, que no justifican una intromisión de tal calado en la vida del investigado y de su familia".
"El investigado se encuentra hospitalizado, lo que conoce el Instructor, por lo que es difícil que pueda hacer alegaciones y ejercer su derecho en relación a la entrada y registro en su domicilio y empresa, dada la imposibilidad de asistencia", añade.
"Asimismo, sus condiciones no son las adecuadas para el ejercicio de su derecho. La capacidad de autodefensa exige fa integridad de /as facultades del investigado para que pueda ejercer su derecho, lo que parece poco compatible con el hecho de estar ingresado en un centro hospitalario. Y ello además sin considerar, desde el derecho a la dignidad de la persona, lo terrible que resulta ser objeto de esta restricción de un derecho fundamental desde la cama de un hospital", apunta el escrito.
"Por lo expuesto, interesábamos se declarara la nulidad del Auto, se reformara el mismo y la inmediata paralización de la entrada y registro, así como se impida el acceso a los dispositivos o a su copia o al desprecinto de los efectos que hasta ahora se hubieran obtenido. El escrito se remitió con urgencia el mismo día por correo electrónico tal y como permite el art. 6 RO-Ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo y se aportó en mano (se aporta correo electrónico con el presente escrito). No consta en HORUS que se haya proveído", señala la Fiscalía.
"No obstante, y, a pesar de lo anterior, sin proveer y sin resolver, se acuerda el volcado del contenido con las gravosas consecuencias que tiene para el investigado por los motivos expuestos", subraya.
"Se dictan resoluciones sin proveer escritos"
La Fiscalía sigue arremetiendo contra el juez Peinado: "Habida cuenta que, además se dictan resoluciones sin proveer escritos de recurso contra resoluciones anteriores, nos obliga a acudir a la vía de la apelación directa, que tampoco impedirá que se acceda al contenido, con las consecuencias reputacionales para el investigado y su familia".
"En consecuencia, interesamos se declare la nulidad de este segundo Auto y, como consecuencia, se destruyan las copias y se expurguen en su caso de la causa cualesquiera informes o documentos que devengan de la citada resolución", concluye.
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