El Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2022 la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, la abstención de PP, Vox, BNG, Junts y PDeCAT y el voto en contra del PRC y Foro Asturias.
La norma pasaba, así, al Senado, donde se tramitó y volvió al Congreso para ser plasmada definitivamente en el BOE en marzo de 2023. La propia Moncloa publicitó su logro afirmando que "la ley tiene como eje transversal el principio de sostenibilidad, en una triple perspectiva: ambiental, social y económica. Esta reforma se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo. Para ello persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo".
Limitación del volumen de capturas
Moncloa no ocultó que medidas como la suya o el pacto verde europeo introducían "la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible". Traducido: menos pesca.
De hecho, los socialistas no han dejado de respaldar las restricciones ecologistas en la UE. Y, ahora que viene un plan desde la UE con restricciones a la pesca española, el PSOE impulsa una proposición no de ley -cuya fuerza es descriptible- para lavarse las manos diciendo que pide que no se restrinja la pesca.
"La flota pesquera de cerco en el Golfo de Cádiz juega un papel crucial en la pesca de especies como la anchoa o boquerón, se trata de una de las principales pesquerías de la zona y del país en términos de capturas de anchoa y sardina", señala ahora el PSOE. "Es conocida la propuesta de la Comisión Europea de la UE para este año, que establece una reducción de cuota del 54 % del TAC con respecto al de la campaña anterior, en base a la recomendación de ICES del pasado 21 de junio. El TAC definitivo propuesto asigna a España un total de 4.519 toneladas", afirman los socialistas.
Y, por todo ello, ahora el PSOE ha pasado a defender que su propio Gobierno realice "cuantas gestiones sean necesarias para favorecer, apoyar y proteger a nuestros pescadores y los empleos directos e indirectos que generan estas pesquerías en nuestros pueblos del Golfo de Cádiz". Cuando lo cierto es que la mejor gestión habría sido no lanzar un mecanismo que era obvio que acababa en la restricción de la capacidad de pesca de los pescadores españoles.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.
