La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado, la APIF afirma que "la imputación del Sr. García Ortiz por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confiriéndole la condición de investigado, en un proceso penal en el que se le considera posible responsable de la comisión de un delito de revelación de secretos, da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito".
"En el Derecho romano se distinguía potestas y auctoritas. Lo primero significa que una persona que encarna una determinada función puede imponer su voluntad por la fuerza, normalmente ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo segundo, la auctoritas, viene referido al poder que ostenta una persona para imponer su voluntad por el convencimiento, por el reconocido prestigio que tiene en el desarrollo de su función. Pues bien, a partir de ahora, tras conferirle el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público. No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto", añade.
La APIF subraya que "no parece de recibo que la situación en la que pudiera encontrarse cualquier fiscal en España sea, de hecho, peor que la que tiene el Fiscal General del Estado. En efecto, conforme señala el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal:
"1. La persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal". Es decir, cualquier Fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea Fiscal General del Estado. Esta situación no tiene ningún sentido".
Modificar el estatuto fiscal
Teniendo en cuenta esta situación parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del Fiscal General del Estado. En efecto, el artículo 31 del mencionado Estatuto dice: "Uno. El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos:
a) a petición propia,
b) por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones
establecidas en esta Ley,
c) en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo,
d) por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones,
e) cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto".
"Parece que es aconsejable suprimir la causa de cese del apartado e), que vincula fuertemente al Fiscal General del Estado al Gobierno, y añadir una causa de cese más: cuando se siga un procedimiento penal contra él. Mantener un Fiscal General del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho", concluye la APIF.
Comunicado de la Asociación de Fiscales
Por su parte, la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, afirmaba en otro comunicado que "sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz - como el de cualquier otro ciudadano- la AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".
"La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos, cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación,". Y denuncian que "revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible", concluye.
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