El próximo mes de diciembre se cumplirán 9 años desde que Javier Avellaneda -ahora Francisca, al haberse acogido a la Ley Trans- vio a su hijo por última vez, tras mantener una disputa con su exmujer a cuenta de la custodia compartida. Desde entonces, no ha dejado de luchar ni un solo día para recuperarle. Lejos de tomarse la Justicia por su mano, decidió confiar en los tribunales. Sin embargo, tras dos condenas firmes por sustracción y una tercera en ciernes, la madre -que finalmente entró en prisión en noviembre de 2022-sigue sin entregarle al niño, hoy ya un adolescente.
Según Avellaneda, el menor sigue secuestrado por su nueva pareja y por su abuela, mientras que la Justicia no hace nada por ejecutar una sentencia que le otorga a él la custodia. Precisamente por eso, este palentino celebra la decisión de la Audiencia Provincial de Palencia de seguir adelante con la que ya es la tercera denuncia en nueve años.
Lo que dice la Audiencia Provincial
"El recurso debe ser estimado, en tanto hay hechos, dentro de los denunciados, que no han sido juzgados ni sentenciados, puesto que se han producido con posterioridad a las sentencias tanto del juzgado de lo Penal como de esta sala, consistentes en que la hoy denunciada no procedió a la entrega a su padre del hijo menor cuando correspondía, pudiendo constituir prima facie delitos de sustracción de menores", reza el auto emitido el pasado 9 de octubre.
Avellaneda es consciente de que, probablemente, no consiga recuperar a su hijo antes de que cumpla 18 años. Sin embargo, espera que algún día este pueda comprobar por sí mismo que hizo todo lo posible por estar a su lado: "Es una muy buena noticia para que Alejandro, que ya tiene 16 años, vea los periódicos, vea las redes sociales, y se dé cuenta de que esto no es como se lo han contado y, segundo, para que muchos padres que puedan estar en mi misma situación sepan algo que muchos abogados no cuentan y es que desobedecer una sentencia, aunque sea una sentencia civil, puede constituir un delito penal".
Nuria, su actual pareja y la persona que siempre le ha apoyado en esta ardua batalla, hace además un llamamiento a todas las madres. "No nos estamos dando cuenta de que estamos destrozando a unos críos que pueden llegar a pensar que sus padres no los quieren. Toda aquella que sea madre tiene que darse cuenta de que esto hay que pararlo, porque hay secuelas que les pueden quedar de por vida", advierte.
Mientras tanto, lo único que les queda es luchar para que se haga justicia. Por eso, Avellaneda insiste en que hará todo lo posible para que su exmujer no pueda disfrutar del tercer grado hasta que le entregue a su hijo. "Para poder disfrutarlo tienes que cumplir dos cosas: la primera es no reincidir en la comisión del delito por el cual has sido condenada y estás encarcelada, y ya iríamos por la tercera vez; y la segunda, es hacer frente al pago de la responsabilidad civil, que sigue sin pagar".
Una relación rota a la fuerza
El origen del secuestro se remonta a finales de 2015. Según relató en su día a Libertad Digital el propio Avellaneda, las amenazas comenzaron tras lograr la custodia compartida: "Laura siempre había querido la custodia para ella sola, pero porque lo que perseguía era que yo le pagase una pensión y, al ser compartida, no recibía nada, así que, tras intentar recurrirla sin éxito, empezó a amenazarme con que aquellas navidades no me devolvería a mi hijo". El 31 de diciembre de aquel año, su expareja cumplió sus amenazas e inició su particular secuestro.
Desde entonces, las grandes preocupaciones de Avellaneda han sido dos: la lentitud de la Justicia y el consecuente desapego del menor, algo con lo que, desgraciadamente, tienen que luchar todos los padres cuyos hijos son víctimas de un secuestro prolongado en el tiempo. Precisamente por eso, sus abogados siempre han insistido en que, en casos como este, las dilaciones son demoledoras. No en vano, la primera orden de entrega inmediata del menor es de 2017 y por aquel entonces, la jueza que llevaba el caso tenía sobre la mesa un informe de Servicios Sociales de 2016 en el que, tras entrevistar al niño, la perito se inclinaba ya no por la custodia compartida, sino porque Javier ostentase la custodia en exclusiva.
"Lo más beneficioso desde el punto de vista psicológico en el momento actual y con las actuales circunstancias es que el menor permanezca bajo el cuidado cotidiano de su progenitor", rezaba el informe forense. La trabajadora social que lo firmaba llegaba a tal conclusión tras constatar el "alto nivel de crítica" hacia el padre, así como el absentismo escolar al que la madre condenaba al menor y por el que, incluso, fue condenada por un delito de abandono de familia.
Avellaneda, por su parte, no tiene ninguna condena a día de hoy. Sin embargo, su expareja le ha denunciado en reiteradas ocasiones por hablar del caso en redes sociales, acusándole de airear fotografías y datos de los procedimientos, así como de referirse a ella como delincuente, algo que pretende que se juzgue como violencia de género. Tras varios sobreseimientos y recursos cruzados, Avellaneda ha pedido el archivo definitivo, pero ahora es la Audiencia Provincial de Palencia la que tiene la última palabra.
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