El registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dejará al descubierto la 'trama judicial' de Pedro Sánchez. Esta diligencia fue ordenada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el marco de la investigación por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración por orden de García Ortiz contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Hace 10 días, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del fiscal general del Estado. Los investigadores registraban durante 12 horas su despacho, copiaban documentos físicos y clonaban contenido de sus dos números móviles, su tableta digital y varios ordenadores. En principio, el periodo investigado se extenderá entre el 8 y el 14 de marzo (ambos incluidos) de este año. El 14 de marzo fue la fecha en la que se difundió una nota de prensa por parte la Fiscalía de Madrid, siguiendo órdenes de García Ortiz, desvelando las conversaciones entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital "no descartan que tras analizar la documentación y los archivos intervenidos en los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado puedan aflorar otros posibles delitos aún desconocidos. Los posibles hallazgos derivados de la entrada y registro en el despacho del fiscal general se regularían por la ‘doctrina del hallazgo casual’ del Tribunal Supremo que los equipara a los delitos flagrantes (delitos que se están cometiendo en el acto)".
"Según la citada doctrina, en los hallazgos casuales se descubren hechos delictivos distintos a los especificados en el mandamiento judicial, si bien están amparados por la propia resolución. De esta forma, no se podría hablar de investigación prospectiva porque los nuevos posibles indicios delictivos se hallarían de forma casual en el marco de una diligencia de investigación autorizada judicialmente y delimitada temporalmente".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "en el caso de que la UCO examinando los correos, mensajes, archivos y documentos hallara indicios delictivos de otro nuevo delito distinto al de revelación de secretos, tendría que ponerlo en conocimiento del juez instructor y se investigarían aparte en una pieza separada. De hecho, tendría que ir a reparto y la investigación de este nuevo procedimiento no la efectuaría el magistrado Ángel Hurtado".
"Cabe destacar que el periodo temporal en el que se va a analizar la documentación intervenida al fiscal general ha sido especialmente sensible a nivel político y judicial con la puesta en marcha de la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo apreció que dicha amnistía no afectaba al delito de malversación cometido por los golpistas y esto ha provocado un enfrentamiento del Alto Tribunal con el Ejecutivo socialista, la Fiscalía de Álvaro García Ortiz o el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido".
"No se puede descartar que en el marco de la tensión judicial provocada por la Ley de amnistía se encuentren órdenes o mensajes presuntamente delictivos entre el propio García Ortiz, el Gobierno o miembros del Constitucional. Entre ellos, una orden política en relación al caso del novio de Ayuso para que se filtrara a la prensa la investigación fiscal inicial efectuada a González Amador. Hay pánico en la Moncloa", concluyen.
El análisis de los dispositivos de García Ortiz
Durante el registro del despacho del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, los agentes de la UCO volcaron toda la información sensible hallada. Entre dicho material, figuran documentos impresos, comunicaciones, mails o mensajes clonados que, a partir de ahora, serán procesados y posteriormente, puestos a disposición del instructor del Supremo Ángel Hurtado para su análisis.
Cabe destacar que la causa permanecerá secreta durante un mes. Poco antes del registro, el magistrado instructor instó al fiscal general a buscar abogado y procurador para que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión. Finalmente, la defensa del fiscal general recaerá en manos de la Abogacía del Estado: Mientras tanto, Álvaro García Ortiz se niega a dimitir.
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