Iustitia Europa ha presentado una ampliación de querella contra la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera por su gestión de la DANA. La formación liderada por el abogado Luis María Pardo, que ejerce la acusación popular en el caso Begoña o la Trama Koldo, ya presentó una querella inicial contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por este mismo asunto.
La querella de 24 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital señala a "Teresa Ribera Rodríguez, Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su presunta responsabilidad en la gestión de la emergencia provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana el 29 y 30 de octubre de 2024. Se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro, en relación con su responsabilidad jerárquica sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y las acciones u omisiones derivadas de dicha relación".
"La CHJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya titular es la Sra. Teresa Ribera. Este organismo tiene la responsabilidad de la planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Júcar, incluyendo la prevención y gestión de riesgos de inundaciones. La Ministra, como máxima autoridad del Ministerio, ostenta la responsabilidad última en la supervisión y coordinación de las actuaciones de la CHJ", añade.
"Como autoridad máxima de la CHJ, Ribera se encontraba en una posición de garantía respecto a la gestión de la cuenca y la protección de la población en un contexto de inundación. En este caso, la ministra contaba con información anticipada de la AEMET y de los informes internos de la CHJ, que señalaban un riesgo elevado de inundación. Su inacción o falta de supervisión directa sobre las medidas de prevención y alerta es una violación de su deber de socorro, ya que esta omisión, en su calidad de autoridad pública, contribuyó a agravar los daños", apunta.
Según Iustitia Europa, "la Ministra Ribera, habría incurrido en prevaricación omisiva, fruto de su inacción y falta de diligencia a la hora de adoptar las medidas de prevención y protección de los ciudadanos que por imperativo legal deberían haber adoptado al objeto de prevenir y posteriormente paliar la situación de desastre vivida en la Comunidad Valenciana".
"Como responsable última del Ministerio para la Transición Ecológica, Sra. Ribera debía supervisar que la CHJ realizara sus funciones de control y emisión de alertas en tiempo real. Esta supervisión incluye la obligación de garantizar la adecuación de infraestructuras críticas y la activación de protocolos preventivos en áreas de riesgo. La ausencia de estas acciones, evidenciada en la falta de medidas preventivas en el barranco del Poyo, muestra una inobservancia de sus responsabilidades", subraya la querella.
"La omisión de la Sra. Ribera es particularmente grave al no ejecutar acciones críticas bajo su deber de supervisión en una situación de riesgo extremo. Las recomendaciones de la propia CHJ, previas a la DANA, alertaban sobre la necesidad de adecuación de infraestructuras y la falta de preparación del barranco del Poyo, lo cual no fue abordado a tiempo. La falta de acción en este sentido puede interpretarse como una omisión prevaricadora, dado que Ribera no cumplió con el deber esencial de su cargo y abandonó la implementación de medidas ya identificadas como urgentes. A nuestro juicio existe un peligro Evitable y Daño PRODUCIDO A LOS CIUDADANOS", destaca.
La inacción de Ribera agravó una situación de riesgo elevado
La querella considera a su vez que "la Ministra Teresa Ribera, como máxima responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y jefa jerárquica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tenía el deber de supervisar, coordinar y activar los protocolos de emergencia necesarios para prevenir y mitigar los efectos de la DANA. Su falta de intervención oportuna, la omisión en la emisión de alertas adecuadas y la falta de coordinación con servicios de emergencia configuran una posible prevaricación por omisión y una omisión del deber de socorro".
"La inacción de Ribera agravó una situación de riesgo elevado, incumpliendo las obligaciones que su cargo le impone y exponiendo a la población a peligros evitables. Por tanto, a nuestro juicio adoleció de una grave, pública y notoria negligencia grave en cuanto a la prevención y protección", concluye.