Nueva iniciativa de la entidad constitucionalista catalana Impulso Ciudadano para velar por los derechos de los castellanohablantes. La organización ha presentado en el Senado una propuesta en la que aboga por la convivencia lingüística y denuncia los abusos de los partidos nacionalistas. El acto ha tenido lugar este lunes y han intervenido el presidente de la entidad, José Domingo, el vicepresidente segundo, Rafael Arenas, y los vocales Jesús Rul y Ana Losada, presidenta a su vez de la asociación Escuela de Todos, la que batalla por la implantación de un 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana.
La propuesta de Impulso Ciudadano pretende la aprobación en las Cortes Generales "de un marco normativo básico que concrete un catálogo de derechos lingüísticos que garantice el derecho constitucional a usar libremente el castellano en todo el territorio nacional".
En las propuestas presentadas en la Cámara Alta, Impulso Ciudadano matiza que "estos derechos lingüísticos deben ser reales y efectivos y también compatibles con los derechos lingüísticos que reconozcan las normativas estatales o autonómicas a los hablantes de otras lenguas cooficiales o de otras modalidades lingüísticas".
En el documento entregado a los senadores se destaca que "la implementación de políticas de fomento de las lenguas regionales o minoritarias no puede suponer en ningún caso ni la limitación ni la conculcación de los derechos lingüísticos individuales recogidos en el catálogo ni la imposición de obligaciones de uso lingüístico a las personas. A esos efectos, los poderes públicos adoptarán especialmente medidas de acción positiva destinadas a impulsar la igualdad de trato y no discriminación real y efectiva en las relaciones entre particulares y entre estos y las administraciones".
A este respecto, señala la importancia de garantizar "los principios de igualdad, mérito y capacidad para el ingreso en la función pública evitando la discriminación lingüística y la arbitrariedad de las administraciones".
El documento pide además que "que el Instituto Nacional de Estadística elabore periódicamente censos lingüísticos que reflejen fehacientemente la lengua inicial y el conocimiento y uso de las lenguas por parte de las personas residentes en nuestro país".
"La creación de una Comisión Legislativa Permanente sobre los Derechos Lingüísticos que se encargue de analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con el reconocimiento y defensa de los derechos lingüísticos en toda España" es otra de las iniciativas reclamadas por Impulso Ciudadano.
Políticas de "normalización"
En el texto elaborado por la entidad se explica que "las denominadas políticas de normalización lingüística de ámbito autonómico han sido utilizadas en ocasiones para desbordar el ámbito público de las relaciones de los ciudadanos con la Administración y ocupar el espacio privado. Estas medidas invasivas sobrepasan las prácticas de fomento al intervenir en las relaciones privadas con actuaciones coactivas, sancionadoras y arbitrarias. Se dan casos como la imposición de multas por rotular establecimientos comerciales solo en español, la aprobación de cuotas lingüísticas desproporcionadas como pretexto para adjudicar licencias de emisión a medios de comunicación afines a la ideología de los que la otorgan o la obligación de usar la 'lengua propia' en las comunicaciones entre ciudadanos".
Vulneración de derechos
Según Impulso Ciudadano, "en ese contexto se reconocen derechos lingüísticos para los hablantes de las lenguas autonómicas que no se contemplan para los castellanohablantes. Estas regulaciones están generando graves disfunciones que afectan directamente a derechos fundamentales que tienen reconocidos todos los españoles, tales como el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a la libertad de residencia y de circulación, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión y de cátedra, entre otros".