La aprobación de la ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor ha abierto un debate no solo sobre sus implicaciones legales, sino también sobre su funcionamiento práctico. La medida, respaldada por el bloque progresista del Tribunal Constitucional, fue avalada por una ajustada mayoría de siete votos frente a cinco. Aunque se presenta como un avance en la protección ambiental, el bloque conservador ha alertado de los riesgos que supone para la seguridad jurídica y el orden constitucional.
Una figura jurídica sin precedentes claros en España
La personalidad jurídica del Mar Menor convierte a este ecosistema en sujeto de derechos, lo que implica que puede ser representado legalmente para defenderse de agresiones medioambientales. Según la Ley 19/2022, cualquier persona física o jurídica puede actuar en su nombre. En teoría, esto permitiría presentar demandas contra actividades contaminantes o exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de sus obligaciones legales respecto a la protección del Mar Menor.
Sin embargo, esta figura no cuenta con precedentes claros en el derecho español, y su implementación genera interrogantes importantes. ¿Quién coordinará las acciones legales en nombre del Mar Menor? ¿Cómo se evitará que actores con intereses opuestos actúen en conflicto? Estas preguntas, esenciales para garantizar la eficacia de esta medida, permanecen sin respuesta en la normativa aprobada.
Críticas del bloque conservador
El voto particular del bloque conservador del Tribunal Constitucional, liderado por los magistrados José María Macías y Concepción Espejel, subraya que esta figura introduce una "indefinición jurídica" que puede comprometer la estabilidad del sistema normativo. Según los magistrados, otorgar personalidad jurídica a un ecosistema como el Mar Menor plantea el riesgo de que se judicialicen conflictos de manera indiscriminada, sobrecargando los tribunales y dificultando la resolución de problemas reales.
Además, el voto señala que el reconocimiento de derechos a la naturaleza, si bien puede parecer innovador, crea una equivalencia problemática con los derechos humanos. Este cambio de paradigma podría derivar en una regresión significativa, no solo para el sistema jurídico, sino también para las libertades y la calidad de vida de las personas, especialmente en comunidades que interactúan directamente con estos ecosistemas.
¿Modelo práctico o experimento legal?
La experiencia internacional, citada frecuentemente por los defensores de esta medida, ofrece ejemplos como el río Whanganui en Nueva Zelanda y el río Atrato en Colombia, que han sido reconocidos como sujetos de derechos. Sin embargo, estos casos cuentan con marcos de implementación mucho más claros. En el caso del río Whanganui, por ejemplo, se estableció un sistema de representación dual, compartido entre el gobierno y las comunidades maoríes, con competencias y responsabilidades definidas.
En el caso del Mar Menor, la ley no delimita con precisión cómo se organizará la representación legal ni cómo se garantizará la coherencia en las acciones. Este vacío normativo, según los críticos, no solo dificulta su aplicación, sino que pone en riesgo la protección efectiva del ecosistema.
Consecuencias jurídicas y políticas
El fallo del Tribunal Constitucional llega en un momento de intensa polarización política, y la aprobación de esta medida ha sido vista por algunos sectores como un gesto ideológico más que como una solución pragmática. Según el bloque conservador, la ley carece de una reflexión seria sobre sus implicaciones legales y sociales, y podría sentar un precedente problemático para futuras decisiones normativas.
La falta de alineación con el Derecho de la Unión Europea, otro de los puntos destacados en el voto particular, refuerza las dudas sobre la sostenibilidad de esta figura jurídica. Además, el hecho de que la sentencia mayoritaria no evalúe las posibles consecuencias económicas y sociales de esta medida genera incertidumbre sobre su impacto a largo plazo.
¿Es esta la solución para el Mar Menor?
Si bien la intención de proteger el Mar Menor es compartida por todos, la personalidad jurídica puede no ser la herramienta adecuada para lograrlo. Sin una definición clara de sus mecanismos de implementación y coordinación, esta figura corre el riesgo de convertirse en un símbolo vacío, incapaz de resolver los problemas estructurales que enfrenta el ecosistema.
La verdadera protección del Mar Menor requiere medidas concretas, como la reducción de vertidos agrícolas, la restauración de hábitats naturales y una mayor eficacia en la aplicación de las normativas ya existentes. Apostar por un cambio de paradigma tan radical, sin una base jurídica sólida ni una planificación detallada, puede ser contraproducente tanto para el ecosistema como para el sistema legal español.