El exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, ha eludido cualquier responsabilidad presuntamente delictiva en su declaración ante el Tribunal Supremo. Ábalos ha llegado incluso a responsabilizar al que fuera su asesor Koldo García de enchufar en empresas públicas a su exnovia Jessica Rodríguez.
Ábalos ha comparecido de forma voluntaria este jueves durante cerca de 3 horas ante el magistrado Leopoldo Puente, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, su abogado, las defensas del empresario Víctor de Aldama y Koldo García, así como el letrado del PP en representación de las acusaciones populares. El resto de acusaciones populares personadas eran expulsadas por el juez antes de comenzar la declaración del exministro de Transportes, creando una gran polémica a las puertas del Alto Tribunal.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Ábalos ha hecho todo un papelón en el Supremo, intentando incluso dar pena con las consecuencias negativas que está acarreando para su vida la investigación de la trama Koldo. Domina la puesta en escena y en la Sala ha dado buena muestra de ello. Ha descargado toda la responsabilidad de las gestiones del Ministerio que dirigía con el empresario Víctor de Aldama en su entonces asesor Koldo García. Además, ha negado haber cobrado cualquier tipo de comisión ilegal o mordida derivada de la trama corrupta".
"Durante el interrogatorio, tanto el magistrado Leopoldo Puente como el fiscal jefe Anticorrupción Luzón han estado muy incisivos con el exdirigente socialista. De hecho, han formulado varias preguntas relacionadas con la documentación entregada en el Alto Tribunal por Víctor de Aldama, dando así credibilidad a las evidencias aportadas por el empresario. Concretamente, ha sido preguntado sobre el inmueble valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana que le iba a entregar Aldama para su uso y disfrute, o el cobro de mordidas a empresas de la trama a cambio de la adjudicación de obras de carreteras", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Ábalos ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez, al que no ha acusado de nada. Ha puesto todo el foco en Koldo, hasta el punto de responsabilizarle incluso de enchufar a su exnovia Jessica Rodríguez en las empresas públicas INECO y TRAGSATEC, o incluso de cubrir el resto de sus necesidades cotidianas como la compra de un móvil, el arreglo de una nevera o de procurarle su alojamiento".
Recordamos que el exministro es investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y pertenencia a banda criminal. De hecho, en la causa se investiga la citada contratación de su exnovia por parte de las dos empresas públicas señaladas. También se investiga la gestión de Ábalos por el inmueble en la Plaza de España de Madrid en el que su entonces pareja estuvo residiendo por un largo periodo.
Ábalos llegaba sobre las 9:40 horas de la mañana en un taxi al Supremo rodeado de una gran expectación mediática y medidas de seguridad, con agentes que custodiaban la zona de acceso a la sede judicial dificultando enormemente el trabajo de los medios de comunicación. A la salida, el exministro afirmaba lo siguiente: "Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, a voluntad mía vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho".
Polémica antes de la declaración
Antes de iniciarse la declaración de Ábalos, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordaba expulsar a las acusaciones populares de la sala, tras decidir el día anterior que la formación de Alberto Núñez Feijóo capitanearía a las acusaciones populares.
Los letrados de Iustitia Europa, Hazte Oír, Vox o Liberum mostraban su indignación por la decisión del magistrado del Supremo a las puertas del Alto Tribunal al considerar que supone en la práctica "la expulsión" de las acusaciones populares del procedimiento, vulnerando así varios artículos de la Constitución Española. "Es el principio del fin de las acusaciones populares en España", denunciaban. Además, las citadas acusaciones populares han anunciado que presentarán un recurso contra esta decisión, ya que "sienta un precedente peligroso" para la justicia española.
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