El último asalto judicial de Sánchez: "Se quiere vengar de los magistrados Arrieta y Lucas por la amnistía y Pegasus"

El anteproyecto de la reforma integral del acceso a la carrera judicial anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez incluye una "venganza personal" contra los magistrados del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas por "sus decisiones en la Ley de amnistía del 1-O y el caso Pegasus".

Según el ministro de Justicia Félix Bolaños, el objetivo es ajustar la Justicia al siglo XXI y facilitar la renovación de sus miembros de la manera más rápida a través de distintas vías. Una polémica reforma que afectaría al cuarto turno judicial para "meter" a más jueces sustitutos sin aprobar la oposición por la "puerta de atrás". Además, serviría para controlar y ajustar cuentas con algunos magistrados del Supremo cuando el Gobierno de Sánchez se encuentra rodeado por diversos casos de corrupción.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "es especialmente aberrante y escandaloso" la reforma incluida en el borrador del documento del artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se plantea en estos términos:

1. Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán, por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría. No podrán ser nombrados aquellos Magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato de cinco años.
2. Durante el tiempo en que las presidencias de las Salas del Tribunal Supremo estén vacantes, dichas presidencias serán desempeñadas por el miembro de la sala que proponga por mayoría de sus miembros la comisión de calificación. En ningún caso podrá ser propuesto ningún miembro de la Sala que hubiese presentado candidatura a dicho cargo. Si estuviera en el ejercicio del cargo una persona candidata, deberá cesar en el ejercicio del cargo, debiendo efectuar nueva propuesta la comisión de calificación.

"El objetivo de la reforma de este artículo es ejecutar y vengarse de dos magistrados del Supremo: Andrés Martínez Arrieta de la Sala Segunda (Penal) y Pablo Lucas de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo). Ambos son jueces de sensibilidad izquierdista, pero independientes e impermeables al control del Gobierno. Las magistradas favoritas de Moncloa para presidir la Sala Segunda y la Sala Tercera son Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente, que ya intentaron sin éxito ser presidentas del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "la reforma impediría que ambos presidieran en funciones sus respectivas Salas, a pesar de que son los favoritos y los que mejor perfil y mérito poseen. Además, Martínez Arrieta se jubilará en dos años y eso le impediría a su vez optar a la presidencia de la Sala Penal tras la marcha del magistrado Manuel Marchena. Sánchez no olvida que Martínez Arrieta votó en contra de la amnistía total al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Respecto a Lucas, fue señalado por el propio Sánchez por ser el magistrado de enlace del Supremo con el CNI que dio el visto bueno a los seguimientos a los golpistas catalanes con el software Pegasus", destacan.

"Es una vergüenza como Félix Bolaños se convierte en ‘presidente oficioso del CGPJ cambiando las reglas del juego a mitad de la partida y dejando en manos de la Comisión de Calificación del Consejo con mayoría de vocales izquierdistas la decisión sobre la elección de la presidencia en funciones. Dicha comisión se dedica únicamente a presentar ternas de candidatos no vinculantes, entrevistarlos y elaborar informes internos. Se le da este poder, porque tiene mayoría izquierdista"; subrayan.

Un "coladero" con el cuarto turno

Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que "el borrador de la reforma intenta desactivar el control mayoritario de los magistrados pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en las Salas de Gobierno de los tribunales de cara a las votaciones. Además, amplía el cuarto turno judicial del 9% actual al 25%. En el caso de Cataluña, sería especialmente sensible, ya que existen muchos jueces independentistas sustitutos que se convertirían en titulares".

"La reforma también incluye un cuarto turno para los fiscales coincidiendo con la intención del Ejecutivo de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para otorgarles a los miembros del Ministerio Público el control de las investigaciones penales sin control judicial. Aunque sea un borrador, ésta es la intención real del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, algunos artículos conflictivos y polémicos pueden ser posteriormente añadidos o eliminados durante sus tramitación con las enmiendas. Respecto a la celeridad en aprobar la Ley, el Ejecutivo lo tiene en sus manos. Si se tramita como proposición de Ley de formaurgente, en mes y medio podría ver la luz", concluyen.

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