El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido admitió a trámite los recursos de amparo presentados por Dolores Delgado y por el denominado "fiscal "anti-PP" Eduardo Esteban, a pesar de que debía haberse abstenido en la deliberación.
Delgado y Esteban presentaron sendos recursos ante el TC después de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulase sus nombramientos como fiscal de Sala Militar y fiscal de Sala de Menores, respectivamente. Cabe destacar que Esteban fue nombrado para este cargo en dos ocasiones por Delgado, Por su parte, la propia Delgado fue ascendida a fiscal de Sala por el actual fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Conde-Pumpido participó y votó en la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por Delgado y Esteban. Por lo tanto, ya ha cometido una irregularidad que podría derivar en un presunto delito de prevaricación".
"Conde-Pumpido ha presentado este lunes su abstención en ambos procedimientos en un teatral gesto de honradez, tras haber sido ya recusado. Dicha recusación presentada por un fiscal se fundamenta en que el presidente del TC no puede participar en la deliberación sobre un asunto que afecta a personas que han sido subordinadas cuando era fiscal general del Estado", añaden.
Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese periodo, tanto Dolores Delgado como Eduardo Esteban estuvieron a su cargo. De hecho, Esteban fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid en febrero de 2008, tras la renuncia de su rival, Antonio Silva, sólo treinta minutos antes de la hora límite para presentar candidaturas. Esteban era el candidato favorito del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "aunque ahora se abstenga a la hora de pronunciarse en la resolución de los recursos, ya ha participado de forma irregular en la admisión a trámite de los mismos. Le han pillado y por eso ha presentado su abstención".
"La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge sanciones graves para los magistrados que no cumplen con su deber de abstención en los procedimientos. Como Conde-Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional que no pertenece al Poder Judicial, no está sujeto a las posibles sanciones que le podría imponer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concluyen.
El pasado 14 de enero, Conde-Pumpido volvía a usurpar la competencia del Supremo para legalizar el nombramiento del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban, que anuló la Sala Tercera del Alto Tribunal en dos ocasiones. El Pleno del TC admitió trámite su recurso con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas al considerar que concurría una especial trascendencia constitucional.
Según los magistrados, el recurso planteaba un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no había doctrina en este Tribunal. Según el criterio de Conde-Pumpido y los otros 6 magistrados izquierdistas, el asunto trascendía el caso concreto porque planteaba una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica
Dos semanas después, el Pleno del TC admitía a trámite el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anuló su nombramiento como fiscal de Sala Militar del Alto Tribunal. Los magistrados izquierdistas recurrían al mismo argumento que con Esteban.
Preocupación en el TC tras el aviso del Supremo
Tal y como publicó este diario, el aviso del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido de efectuar posibles investigaciones futuras por un delito de prevaricación no ha sentado nada bien en el bloque izquierdista del Tribunal de Garantías.
Un auto del Supremo, que rechazó una querella contra Conde-Pumpido y los magistrados izquierdistas por el ‘indulto encubierto’ a los dirigentes socialistas condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, dejó las puertas abiertas a posibles investigaciones a estos magistrados. Dicha resolución afirmaba que no hay "carta blanca" en el Constitucional.
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