El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de aumentar el servicio de seguridad que tiene asignado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La evaluación de este cambio, que ha sido confirmada por fuentes del departamento de Fernando Grande Marlaska, ha terminado determinando que lo mejor, dadas las circunstancias acontecidas en las últimas horas, era aumentar ese servicio de seguridad.
Esta situación se produce después de que en uno de los anexos del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la filtración de las negociaciones con el Ministerio Fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que tiene como principal investigado al máximo responsable de la Fiscalía, incluyese datos personales de García Ortiz.
Exactamente, ese anexo incluía no sólo una relación de las llamadas que el fiscal general había mantenido los días claves de la filtración con otro fiscal, un abogado y un periodista, sino que también incluye los números de teléfono de todos los implicados en ese tráfico de llamadas, así como el DNI y las direcciones postales tanto del máximo responsable del Ministerio Público como de uno de sus escoltas.
La solicitud para revisar su seguridad ha partido del propio García Ortiz, que una vez ha comprobado la filtración de sus datos personales, ha enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que determina la seguridad que deben llevar los altos cargos de la administración, para pedir la revisión de su seguridad.