La clave del traspaso pleno del control de fronteras a la Generalidad separatista aparece escondida en un subpunto del décimo párrafo del documento. Un frase letal que forma parte de un documento de cesión plena a Junts y que ata de pies y manos a la Policía y la Guardia Civil. El punto en cuestión señala sin miramientos que, en materia de expulsión de inmigrantes, el criterio de la Junta de Seguridad será "orientativo". ¿Y qué es la Junta de Seguridad? Pues el organismo de coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Generalidad catalana. Por lo tanto, si lo que salga de ahí, es "orientativo", siempre decidirá la Generalidad.
Traspaso inconstitucional
No sólo se le traspasan inconstitucionalmente al separatismo las competencias plenas en materia de gestión, control, sanción, captación en origen, etc. de los inmigrantes. Es que se puntualiza que el criterio nacional será "orientativo".
Varios párrafos clave detallan lo siguiente bien avanzado el texto del pacto entre Pedro Sánchez y Junts: "Catalunya ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución):
- Instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución).
- Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya".
Traducido: las expulsiones vía devolución son cosa de la Generalidad -bajo acto con ERC-. Y las que requieran de expediente asumirán la propuesta de expulsión que formule la misma Generalidad con, únicamente, criterios "orientativos" de la Junta de Seguridad de Cataluña.
Para colmo, se deja claro que "Catalunya gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros". Es decir, que su potencial cierre implicaría la generación de un colectivo de inmigrantes adicional sobre cuya expulsión decidiría la Generalidad con, a lo sumo, criterios "orientativos" de la Junta de Seguridad.
¿Y qué es la Junta de Seguridad? La Junta de Seguridad de Cataluña es el órgano superior de coordinación de las políticas de seguridad entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía de la Generalidad de Cataluña, tal y como lo define la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña.
En esa norma se detalla la "estructura del sistema de seguridad de Cataluña". Su artículo 3 señala lo siguiente:
"1. El sistema de seguridad de Cataluña está integrado por:
- a) Las autoridades de seguridad.
- b) Los cuerpos policiales y demás servicios, públicos o privados, de seguridad.
- c) Los órganos de coordinación y participación en materia de seguridad.
- El Gobierno, de acuerdo con el marco de competencias que establecen la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la legislación vigente, mediante el departamento titular de las competencias en materia de seguridad pública, tiene la función de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. A tal efecto, debe velar por la convivencia pacífica y la protección de las personas y los bienes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
- La Junta de Seguridad de Cataluña es el órgano superior de coordinación entre la Policía de la Generalidad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Autonomía".
Pues bien, a partir de ahora y con el pacto de Pedro Sánchez, esa Junta pasa a ser "orientativa". Dicho de otro modo, que la propia "coordinación" descrita salta por los aires porque la Generalidad decide y la Policía Nacional y Guardia Civil orientan.