La Fiscalía Anticorrupción aprecia un delito de cohecho en el pago del piso de la Plazas de España de Madrid de la prostituta del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, por parte de la trama Koldo.
Recordamos que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE es investigado ya por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, en esta trama corrupta.
En un escrito de 3 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón señala que, además del piso en cuestión, el chalet en la localidad andaluza de La Alcaidesa, y las entregas de metálico del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, al exasesor ministerial Koldo García.
"Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de cohecho, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor --más bien, "asistente", en palabras del propio aforado-- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo", apunta el escrito.
Para la Fiscalía, se trata de "delitos de indiscutible gravedad que exigen activar, al menos", las medidas cautelares que han sido ya acordadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia.
Anticorrupción entiende que dichas medidas son necesarias para que Ábalos "no pueda sustraerse a la acción de la justicia" y comparezca en la causa "cuando fuere llamado". A su juicio, son medidas "plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", como señala el magistrado.
En el marco de su escrito, el Ministerio Público recuerda los argumentos de Ábalos para pedir que se levantaran dichas medidas cautelares. "Plantea el recurrente que hasta la fecha ha comparecido a declarar voluntariamente y no ha dado muestras de pretender sustraerse a la acción de la justicia, circunstancias que, junto al hecho notorio de su condición de diputado, han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para no solicitar otras medidas más restrictivas de su libertad", señala.
Este miércoles, el instructor de la causa Leopoldo Puente confirmó su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, aunque accedió a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Supremo o ante el Juzgado Decano de Valencia, localidad en la que reside.
Recordamos que el cohecho es un delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Está regulado en los artículos 419 a 427 bis del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración Pública.
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