Es más que probable que Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no sea consciente de la bomba de relojería que acaba de activar. Pero la cierto es que acaba de admitir algo que nunca debería poder ocurrir: injerencias políticas en la Inspección. Con un problema añadido para este Gobierno.
Y es que esa es una de las bases de la denuncia efectuada por el novio de Isabel Díaz Ayuso: que su caso pasó de ser una disputa habitual con Hacienda a ser una causa penal, negarle acuerdos y pretender pasearlo por los tribunales, por una decisión política de atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la mano derecha de Montero acaba de admitir en sede judicial que este Gobierno lo ha hecho: encima, para mejorar la situación fiscal de las empresas de la trama de Koldo, Aldama y el PSOE.
La revelación
La declaración de Carlos Moreno incluye fragmentos de una enorme gravedad. El juez le pregunto si conocía a Víctor De Aldama y admitió que sí. También fue preguntado por sus funciones y la descripción incluyó la asistencia directa a la vicepresidenta, la dirección de un gabinete compuesto por profesionales de distintos ámbitos, la revisión de la documentación que va al Consejo de Ministros, de discursos, preparación de notas, informes, gestión de la agenda ministerial y la negociación con los grupos parlamentarios o interlocución con otras administraciones (CCAA y ayuntamientos).
Ni rastro de hablar con los inspectores de la Agencia Tributaria para nada, porque no puede tener esa función debido al estatuto de independencia obligatoria de la Agencia Tributaria. Pero la admitió.
Sobre Aldama fue a más. Dijo que creía recordar que Koldo le pasó su teléfono y le pidió que le llamara. Y no llegó a descartar reuniones. De hecho, admitió contactos durante un tiempo, tal y como lo definió Moreno.
La declaración fue avanzando y admitió conversaciones sobre un edificio que tenía en venta el Ministerio de Hacienda en María De Molina, sobre la devolución del IVA a un determinado contribuyente, y, llegó la bomba: para gestionar un aplazamiento de deuda tributaria. De hecho, el propio Moreno reconoció que no tenía "potestad" para ello. Pero admitió que dio "traslado al organismo correspondiente", la AEAT. Para, según él, que tuvieran conocimiento los inspectores en cuestión. Y eso implica una comunicación con la Agencia Tributaria.
Hay que recordar que el aplazamiento de la deuda solicitado para una de las empresas de la trama del PSOE se concedió. Dicho de otra manera, cuando menos, traslado del asunto y conversación hubo. ¿Fue determinante para lograr el favor fiscal? Aún no se sabe, pero sí que se rompió la exigencia legal de que el Ministerio no tenga vía posible de injerencia en la Agencia Tributaria.
Y la siguiente pregunta es obvia: ¿si se puede llamar para hablar de aplazamientos fiscales, se puede llamar para exigir un determinado trato a un contribuyente? Porque roto el protocolo legal, la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso de haber recibido un trato desfavorable por ser la pareja de la presidenta madrileña cobra relevancia.