Cuando aún colean sus escandalosas declaraciones sobre la presunción de inocencia, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha encendido una nueva polémica en un acto de partido, esta vez en Córdoba. Montero insistió en la nueva cruzada del Ejecutivo contra la universidad privada (obviando los propios negocios y estudios de miembros del gobierno en instituciones privadas), y en su afán de arremeter contra ellas llegó a poner en duda a los médicos y profesores que se forman en estas universidades.
Tras asegurar sin rubor que su Gobierno está trabajando por una política educativa que sea "el tronco de la igualdad de oportunidades", Montero dijo que "no podemos permitir que proliferen universidades low cost (lau cos, pronunció ella) donde abaraten los costes a base de menor calificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo" o de "no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene todas las garantías para que podamos la sociedad ponernos en sus manos".
"Comprarse títulos"
En Málaga, una ciudad que está trabajando precisamente para atraer proyectos educativos privados, Montero subió aún más el tono contra los centros privados, de los que llegó a decir que son "la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza" a sus hijos y "subir unos escalones en la escala social". "No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse el título y tiene que tener una beca para poder estudiar".
Y habló del caso de una "chica" con "hasta un 13 de nota de Medicina, una carrera exigente, que se queda en las puertas y luego resulta que el que tenga dinero pueda estudiar con mucha menos nota en una privada. No lo vamos a permitir", proclamó sin aclarar en qué se traduciría esta amenaza.