El procés está muerto, según los socialistas, pero el 80% de los ayuntamientos de Cataluña incumple la obligación de exhibir la bandera de España en las fachadas de sus sedes. De hecho, "solo 160 de los 947 ayuntamientos catalanes (un 17%) cumple plenamente la normativa: exhiben las banderas de España y Cataluña en condiciones legales y no presentan símbolos nacionalistas o partidistas en las fachadas de los consistorios, según el último informe de la organización constitucionalista Impulso Ciudadano.
"El cumplimiento de la ley no es una opción, es un mandato. Ya es hora de que se restaure la legalidad en todos los municipios de nuestro país", ha señalado el presidente de la citada entidad, José Domingo, durante la presentación este lunes de los datos recopilados y documentados a lo largo y ancho de Cataluña. La supervisión sobre el terreno permite afirmar a los responsables de Impulso Ciudadano que en 763 ayuntamientos (80%) no ondea la bandera española y que en 381 (40%) consistorios tampoco se exhibe la bandera autonómica. En 97 ayuntamientos ondea la bandera estelada separatista y en 62, otros símbolos independentistas.
De los 332 ayuntamientos gobernados por Junts sólo 30 cumplen con la ley; de los 311 de ERC cumplen 18. En el caso del PSC, sólo 66 de sus 144 consistorios exhiben las banderas de España y de Cataluña conforme a las normativas.
Por comarcas
El informe de Impulso Ciudadano resalta que "las comarcas donde no ondea la bandera de España en ningún municipio son: Alt Camp, Alt Urgell, Berguedà, Garrigues, Garrotxa, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Priorat y Ribera d’Ebre. La única comarca en la que todos los municipios exhiben la bandera de España es el Barcelonès. Y solo cinco comarcas alcanzan un 50% o más de cumplimiento: Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental (todas de Barcelona) y Vall d’Aran (Lérida).
Dado este contexto, Impulso Ciudadano propone condicionar la financiación pública (fondos estatales, autonómicos y europeos) al cumplimiento de la normativa de símbolos, sancionar personalmente a los responsables políticos que desacatan la ley y reactivar el control de legalidad desde la Delegación del Gobierno y la Generalidad, control que aseguran en la entidad que a día de hoy es inexistente.