La Fiscalía de Barcelona ha presentado un escrito en el que pide la amnistía para la cuarentena de exaltos cargos de la Generalidad y empresarios que participan en la organización y financiación del referéndum ilegal, así como en la difusión en el extranjero del proyecto separatista. En su escrito, el fiscal Amadeu Melis señala que las contrataciones, adjudicaciones y gastos relacionados con el 1-O están "claramente comprendidas" en el artículo 1 de la ley de amnistía.
Además, el fiscal sostiene que los procesados también deben ser amnistiados del delito de malversación porque no hubo enriquecimiento personal. Según su teoría, simplemente cumplían órdenes. A los procesados se les imputa también los delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia.
"Los procesados en el presente procedimiento obraban subordinados a las directrices que los líderes del procés les ofrecieron con el objetivo de lograr la consecución de sus propósitos. Su actuación, era, en este sentido, accesoria de la de aquellos líderes y se dirigía, por consiguiente, a lograr la consecución de los designios de aquellos, es decir, de terceros. Términos en los que, de conformidad con la propia jurisprudencia citada, no cabe asignar un ánimo de enriquecimiento propio", sostiene el fiscal.
Cambio de criterio
El escrito supone un volantazo de la Fiscalía de Barcelona, ya que las causas sobre la organización del 1-O y el Diplocat fueron impulsadas por las fiscales Teresa Duerto e Isabel Nebot. Ambas causas han sido unificadas en un solo procedimiento.
Entre los procesados se encuentran el que fuera "embajador" de la Generalidad ante la UE Amadeu Altafaj, los exdirectores de Catalunya Ràdio y TV3 Saül Gordillo y Vicent Sanchis (por la emisión de los anuncios del referéndum), la exinterventora de la Generalidad Rosa Vidal, los exjefes del Diplocat Albert Royo y Roser Clavell y el director de Unipost Pablo Raventós (tarjetas censales).