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Sánchez quiere convertir la Sala Militar del Supremo en Sala de Memoria Democrática para anular los juicios franquistas

Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que "los movimientos judiciales en torno a la Sala Militar del Tribunal Supremo no son casualidad".

Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que "los movimientos judiciales en torno a la Sala Militar del Tribunal Supremo no son casualidad".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un centenar de actos por los 50 años de la muerte de Franco, a 10 de diciembre de 2024. | Carlos Luján / Europa Press

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez quiere convertir la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en la Sala de Memoria Democrática para anular los juicios franquistas.

Tal y como publicó LD, el magistrado izquierdista José Ricardo de Prada opta a la Sala Militar, mientras el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido quiere convertir en presidenta de esta misma Sala a su esposa Clara Martínez de Careaga. Mientras tanto, la que fuera fiscal general del Estado Dolores Delgado sigue ejerciendo su labor como fiscal de Sala de Memoria Democrática y tiene recurrido en el TC la anulación de su nombramiento como fiscal de Sala Militar.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "los movimientos judiciales que se están produciendo en torno a la Sala Militar del Supremo no son casualidad. La posible llegada de De Prada como magistrado y de Martínez de Careaga a la presidencia de la Sala mientras Delgado es fiscal de Sala Militar y de Memoria Democrática tiene un claro objetivo del Gobierno de Sánchez: convertir la Sala Militar del Alto Tribunal en la Sala de Memoria Democrática".

"El Ejecutivo socialista quiere impulsar en el Supremo la anulación de los juicios durante el franquismo que afectaron a personalidades de izquierdas como el poeta Miguel Hernández. Todo ello, copando la Sala Militar, donde se tendrían que presentar recursos de revisión o incidentes de nulidad contra sentencias dictadas durante el franquismo para que se emitieran certificados de reparación", añaden.

El Gobierno inauguraba en enero los eventos denominados 'España: 50 años en libertad' para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco, el inicio de la Transición y el paso a la democracia. Sánchez tiene previsto celebrar más de un centenar de actos por este asunto a lo largo de este año.

Además, el socio de Gobierno de Sánchez, Sumar, presentó una proposición no de ley en el Congreso en octubre para que la Cámara dé por nulos los dos procesos judiciales abiertos contra el poeta Miguel Hernández por el franquismo y el Gobierno le reconozca como víctima. La familia del poeta presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en 2010 para intentar que se anularan los procesos judiciales contra el poeta, pero la Sala de lo Militar lo desestimó.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, es uno de los ideólogos en la sombra de este plan. Siendo magistrado de la Audiencia Nacional, ya fue juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación tras declarase competente para investigar las desapariciones forzadas y ejecuciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, calificándolas como crímenes contra la humanidad".

"Tampoco es casual que el Gobierno a través del ministro de Justicia Félix Bolaños y de Conde-Pumpido intenten situar en las presidencias de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a las magistradas izquierdistas Ana Ferrer y Pilar Teso", concluyen.

Los últimos movimientos

La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, abría la semana pasada una investigación para esclarecer "las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio como Mathausen (Austria) y Gusen (Alemania) donde fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato".

Además, la Fiscalía Provincial de Cádiz, en coordinación con Delgado, recurrió una sentencia del Juzgado de Primera Instancia que condenaba a un historiador por intromisión ilegítima del derecho al honor en una obra de investigación sobre el proceso seguido contra el poeta Miguel Hernández. Por su parte, la Fiscalía de Barcelona en abril abría por primera vez diligencias penales para investigar las supuestas torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana (Barcelona).

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