La reforma del Estatuto Fiscal anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una "trampa" para blindar el poder del fiscal general del Estado.
El Consejo de Ministros ha presentado este martes la citada reforma con el supuesto objetivo de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Con la reforma, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la reforma no afectará al actual fiscal general Álvaro García Ortiz, si no al próximo que se designe.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "la reforma es un guiño a las instituciones europeas, concretamente al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), porque establece un sistema para aparentar imparcialidad con el Gobierno que nombra al fiscal general del Estado, ampliando el mandato a los cinco años y estableciendo el sistema de relación con el propio Ejecutivo por escrito y con transparencia. Sin embargo, en realidad refuerza la figura del fiscal general del Estado".
"La reforma no refuerza a la institución, solo al fiscal general porque no se establece ningún sistema de contrapeso real y por tanto, no hay garantías reales para evitar su poder omnímodo. Además, el Consejo Fiscal queda absolutamente marginado, no tiene ningún peso, ni ninguna relevancia en materias importantes como los nombramientos discrecionales. De hecho, se reduce la elección en el propio Consejo Fiscal de 6 a 5 vocales, todo ello con el objetivo de controlar aún más este órgano de la Fiscalía que está mayoritariamente en manos de la asociación AF (Asociación de Fiscales)", apuntan.
"En este contexto, se tendría que evitar que el fiscal general del Estado pudiera nombrar a fiscales jefes, fiscales superiores y a fiscales de Sala sin tener en consideración el parecer del Consejo Fiscal y así se mantiene", añaden.
"El artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge la discrepancia del fiscal frente a la orden recibida que se considera no ajustada a la legalidad o improcedente, queda muy enturbiado con la nueva redacción. No es nada clara, es muy confusa y, además, es contradictoria con la redacción del artículo 25", destacan.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la reforma fiscal Gobierno en lugar de facilitar y generar verdaderas garantías para el fiscal, las enfanga. Además, respecto a la distribución de los asuntos por parte de la jefatura, es el jefe quién directamente, sin establecer unos criterios claros en el Estatuto, será el que asigne el asunto a un fiscal y sin regular ningún mecanismo para discutir esa adjudicación, lo que no genera garantías en el seno de la institución".
"Es una ocasión perdida. Es una reforma decepcionante y que no es de calado para el funcionamiento interno de los fiscales que han de asumir la investigación en el futuro con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Tampoco moderniza la institución. Intenta dar una buena imagen hacia el exterior que luego, sin embargo, no se compadece con el funcionamiento hacia el interior", concluyen.
Otros aspectos clave de la reforma
El Gobierno solo podrá apartar al fiscal general del Estado por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el FGE comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada".
Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.
En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales "no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros". Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado. Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, "es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad".
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