La última reforma judicial impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha despertado rechazo entre juristas, asociaciones de jueces y fiscales, así como entre buena parte de la oposición. Luis Sanz, magistrado y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha alertado este sábado en La Trinchera de Llamas, de esRadio, de los riesgos que, en su opinión, entraña el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal para la separación de poderes y la calidad del sistema judicial español.
El texto, remitido ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria y que para Bolaños supone "la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años", se resume en tres medidas: el blindaje de la figura del fiscal general del Estado, la delegación de la instrucción penal a la Fiscalía y la vía extraordinaria para convertir jueces sustitutos en titulares mediante una ampliación del cuarto turno. "Yo hablo más bien de golpe estructural a la justicia", ha afirmado Manuel Llamas en referencia a las mismas.
Para Sanz el supuesto refuerzo de autonomía del Ministerio Fiscal que defiende el Ejecutivo "pretende apuntalar la independencia o autonomía del ministerio fiscal, pero sinceramente no lo consigue, porque no les desvincula del gobierno". Por el contrario, según el magistrado, "se pretende modificar el sistema de elección para dar entrada a la asociación minoritaria, a la Unión Progresista de Fiscales". A su juicio, unas medidas que "no tienen mucho sentido" y que suponen "una mera operación de maquillaje por los requerimientos del Consejo de Europa y de la Comisión Europea" ya que "fortalecen y mantienen la posición y la dependencia del fiscal general del estado del gobierno".
De la posibilidad de que los fiscales pasen a asumir la instrucción de los casos penales, tal y como recoge la reforma, Sanz ha explicado que aunque la considera jurídicamente viable, es institucionalmente peligrosa. "Hay que reconocer que en muchos países europeos la instrucción está conferida a los fiscales, pero tienen un modelo de fiscal radicalmente distinto al nuestro que apunta a sus notas de independencia", ha añadido.
"Lo importante es que el juez de instrucción en España no recibe instrucciones. Sus resoluciones pueden recurrirse y pueden revocarse, pero no recibe instrucciones. Los fiscales sí", ha proseguido. Insiste, además, en que "la instrucción no es una mera actividad administrativa", sino que "tiene un punto judicial" habiendo materias, como es el caso de la admisión de las denuncias o de las quejas, "que en manos de los jueces ofrecen muchas más garantías que en manos de los fiscales".
El vicepresidente de la PCIJ también se ha referido a la tercera medida (el proceso de estabilización extraordinaria para jueces y fiscales sustitutos), siendo esta la que mayor indignación entre los opositores ha generado. Sobre esto ha indicado que en España hoy existen dos modelos de acceso a la carrera judicial: por un lado, la oposición libre, "caracterizada por el mérito y que es absolutamente objetiva", y por otro, el cuarto turno, "que es exigente y requiere de la superación de unas pruebas que garantizan la objetividad", y por el que están entrando fiscales, aunque sobre todo profesores de universidad, abogados y jueces de los institutos. "Lo que se pretende es otra cosa: ampliar ese modelo para introducir por la puerta de atrás a 900 jueces sustitutos", ha advertido.
Sanz ha considerado así que esta vía rápida "no es buena ni desde el punto de vista de la calidad del sistema, ni desde el punto de vista del respeto al sistema de acceso basado en mérito y capacidad". Ha recordado, además, que "llevamos muchos años, en los gobiernos del PP y del PSOE, donde las plazas de opositores van bajando año tras año, de manera que no se cubren ya prácticamente jubilaciones".
"Resulta sorprendente que ese sistema, que es el que garantiza la máxima objetividad, se abra de manera rápida y sin ningún tipo de problema para la incorporación masiva de casi 1.000 jueces sustitutos", ha añadido, calificando la medida de una "ofensa" para los opositores "que están dedicados en cuerpo y alma a conseguir su aspiración".
"España cuenta con el menor número de jueces por habitante de toda Europa y en lugar de aumentar el número de plazas, lo que hacen es ahora aprovechar ese cuarto turno para facilitar la entrada de jueces sin necesidad de haber aprobado esa oposición", ha lamentado por su parte Llamas al fin de la conversación.