La Audiencia de Sevilla está celebrando un macrojuicio de alta tensión política que, pese a ello, parece pasar desapercibido. Se trata del juicio por los posibles delitos cometidos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar. El principal acusado es Vicente Fernández Guerrero, el que fuera responsable de la licitación en la Junta socialista de Andalucía y que, más tarde, pasó a ser elegido por María Jesús Montero como presidente de la SEPI. Él está acusado de prevaricación en una adjudicación de 18.000 millones de potencial explotación minera que fue a manos de una empresa diminuta y recién creada y Montero no sólo lo defendió a capa y espada, sino que mantuvo su plaza sin ocupar en la presidencia de la SEPI a la espera de poder recuperarlo durante la instrucción del escándalo. Pues bien, ahora, un testimonio clave ha confirmado la vinculación entre Fernández Guerrero y la citada empresa agraciada.
Irregularidades en la adjudicación de la mina
Fernández Guerrero fue elevado a la presidencia de la SEPI por Pedro Sánchez y Montero entre junio de 2018 y octubre de 2019. Y lo fue porque era la primera opción para ese cargo del Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, lo era pese a arrastrar indicios más que notables de prevaricación en una grandísima adjudicación como la de la mina de Aznalcollar. La SEPI hay que recordar que ha sido decisiva en todos los rescates del covid, como en el caso de Air Europa.
Pues bien, la declaración de la adjunta a presidencia y directora de comunicación del Grupo Magtel ha dejado en evidencia la estrecha relación que mantuvo Minorbis -la adjudicataria- Vicente Fernández Guerrero, el hombre fuerte de María Jesús Montero, durante la preparación de su oferta.
Mercedes Galindo Montilla es la Adjunta a la presidencia del Grupo Magtel y ha reconoció expresamente en el interrogatorio como testigo la veracidad de todas las comunicaciones realizadas con Vicente Fernández Guerrero, en aquel momento Secretario General de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, para preparar y consensuar la oferta que Minorbis presentó a esta licitación y que constan en las Diligencias de Instrucción correspondientes al atestado de la UCO.
Aliados y condiciones
La UCO, además, ha destacado las órdenes que expresamente dio Vicente Fernández Guerrero a los miembros de la mesa de contratación de no tener en cuenta lo que había ocurrido con el principal aliado de Minorbis -vinculada a los socios de Magtel- en México. El aliado es Grupo México y fue protagonista del principal desastre ambiental que se ha conocido en el mundo de la minería: un vertido tóxico al rio Sonora.
Lo cierto es que las normas del concurso, como así se recogía expresamente en el Pliego de Condiciones, establecían claramente la importancia de la gestión escrupulosa de todos los aspectos ambientales como consecuencia del antecedente sufrido el 25 de abril de 1998 en Aznalcóllar. Sin embargo, Vicente Fernández Guerrero, con conocimiento expreso y directo de este asunto, como también demuestra la UCO en su Atestado, dio órdenes de no considerar en modo alguno este aspecto a efectos de la valoración.
Hay que recordar que esta gran licitación fue convocada en 2013, bajo mandato de la Junta socialista de Andalucía. El Gobierno regional decidió adjudicar la explotación de la vieja mina, pasado ya el escándalo del desbordamiento de la bolsa de tóxicos de Boliden. Acudió una empresa canadiense: Emerita, con el aval de la Embajada de Canadá y del banco de inversión de ese mismo país Forbes & Manhattan, con un respaldo a su vez de 3.000 millones en proyectos mineros.
Minorbis y la Junta de Andalucía
Nadie más acudió hasta que apareció otra empresa en el escaparate: Minorbis. El concurso tuvo dos fases: la fase previa que se extendió hasta abril de 2014. En esa fase se debía evaluar la solvencia económica de los licitadores. Y la fase final, que duró hasta diciembre de 2014, en la que se tenía que evaluar la solvencia técnica de las propuestas. En marzo de ese mismo año, apenas un mes antes de finalizar la primera fase del concurso, se constituyó la sociedad Minorbis con 3.000 euros de capital social. Experiencia, obviamente, cero, puesto que acababa de nacer. Pero Minorbis se presentó con un «acuerdo de pláticas» con Grupo México, que no se presentó al concurso. Las pláticas, además, incluían expresamente un acuerdo: el de poder rescindir ese acuerdo en cualquier momento, algo dudosamente evaluable al no garantizar un compromiso futuro de respaldo de la oferta. Pese a todo ello, Minorbis ganó la licitación de la Junta de Andalucía. Y Emérita se quedaba sin sus opciones, pese estar en la actualidad entre las 50 mayores sociedades de la Bolsa de Toronto.
Emérita recurrió a la Justicia. La Fiscalía pidió el archivo. Pero la Audiencia ha seguido por, entre otras cosas, "los correos electrónicos entre D. Vicente Fernández Guerrero y los representantes de Magtel, expuestos y analizados en el informe de la UCO". "De ellos se desprende una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas, donde se expondría la solicitud por parte de representantes de Magtel a D.Vicente Fernández de su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la citada empresa, ofreciéndole la misma el referido Secretario de la Consejería, inclusive a través de sus personas de contacto en la Administración, e incluso aviniéndose provisoriamente a la solicitud de Magtel de unificar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos para sus proyectos". Magtel era la empresa vinculada a los impulsores de Minorbis. Y el Gobierno de Susana Díaz adjudicó el concurso de los derechos mineros de la zona Aznalcóllar a la empresa Minorbis, que había sido recién creada por los hermanos López Magdaleno, dueños de la empresa Magtel.