En las horas previas al paro convocado por jueces y fiscales por el asalto a la Justicia del Gobierno y tras la manifestación del sábado, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha decidido solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía de General del Estado que cada día en el que estén convocados los paros le informen -antes de las 14.00 horas- de los jueces y fiscales que no acudan a su puesto de trabajo.
Según han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press, el objetivo de Justicia con dicha solicitud es "conocer el seguimiento de la convocatoria" y "detraer el salario de quienes la secunden", alegando que se trata de una comunicación "necesaria" para "asegurar el buen uso de los fondos públicos" puesto que el Ministerio es "el órgano pagador de jueces, fiscales y magistrados".
Así lo ha trasladado en la antesala a la huelga de tres días -1, 2 y 3 de julio- que arrancan este martes todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho.
Mientras, Félix Bolaños descarta dar marcha atrás: insiste en que son unas reformas "imprescindibles" para modernizar la Justicia.
El Ministerio descontó en 2018, por primera vez, el salario a los miembros de ambas carreras que protagonizaron una huelga, si bien la Audiencia Nacional (AN), tras estudiar el recurso de un juez que impugnó dicha decisión, concluyó que el Ministerio no puede descontar el dinero y le obligó a devolver lo restado.