El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra al borde de la comisión de un presunto delito de prevaricación por manipular el reparto de la sentencia sobre la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Pleno del TC avalaba la semana pasada la Ley de amnistía con la mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías por 6 votos a favor y 4 en contra. Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa anunciaban la formulación de votos particulares. En dichos votos particulares, Arnaldo, Espejel y Tolosa denunciaban la alteración en el reparto de la ponencia de la sentencia que recayó en la vicepresidenta y mano derecha de Conde-Pumpido en el Constitucional, Inmaculada Montalbán.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "el reparto de las ponencias entre los magistrados cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad como el de la Ley de amnistía se ha regido siempre por el orden inverso de antigüedad. Es decir, primero se encarga la redacción de la sentencia al magistrado con menos antigüedad en el tribunal y posteriormente, al segundo magistrado con menos antigüedad".
"La ponencia para resolver el recurso del PP contra la amnistía recayó primero en el magistrado que lleva menos tiempo en el TC, el conservador José María Macías. Sin embargo, Macías fue recusado por el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por haber participado en un informe contrario a la amnistía cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este criterio sin embargo no se lo aplicó el propio Conde-Pumpido a pesar de que su esposa Clara Martínez de Careaga también participó como Macías en el citado informe del CGPJ sobre la amnistía. Tras apartar a Macías, el segundo magistrado con menor antigüedad era la izquierdista Laura Díez", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "Conde-Pumpido alteró entonces el sistema de reparto de la ponencia de la amnistía para que recayera en su mano derecha Inmaculada Montalbán en lugar de asignar la redacción de la sentencia a Laura Díez. Montalbán fue también la ponente del indulto encubierto en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía. Su criterio jurídico es limitado y es manipulada fácilmente por Conde-Pumpido, por eso se le encargó la sentencia de la amnistía. Laura Díez es una persona de confianza del ministro de Justicia Félix Bolaños, pero no es tan manipulable por el presidente del TC como la citada Montalbán. De hecho, durante la deliberación de la semana pasada, Díez fue la única magistrada del bloque izquierdista que hizo alguna observación para modificar ciertos aspectos de la ley de Pedro Sánchez".
"No se puede descarta que Conde-Pumpido pueda haber cometido un presunto delito de prevaricación si se demuestra que alteró el sistema de reparto de la ponencia sobre la sentencia de la amnistía. De hecho, podría abrirse una investigación al respecto si se presenta la correspondiente querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del TC", concluyen.
Después de que el diario ABC se refiriese a los votos particulares de Arnaldo, Espejel y Tolosa denunciando este hecho, el TC emitía el siguiente comunicado: "La ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía fue asignada a la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, conforme al turno de reasignación de ponencias existente en el Pleno. Así consta en la diligencia de ordenación firmada por el Secretario de Justicia del Pleno el día 29 de enero de 2025. Esta diligencia de ordenación fue incorporada al proceso por el Secretario de Justicia del Pleno sin intervención alguna del Presidente del Tribunal Constitucional, por lo que no se corresponde con la realidad la afirmación del periódico de que fue asignada ‘a dedo’ a la vicepresidenta. Además, este dato consta en los antecedentes de la sentencia".
Los dos avisos del Supremo a Conde-Pumpido
Tal y como publicó este diario el pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo ha lanzado ya dos advertencias al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido sobre una posible investigación por un delito de prevaricación.
El Supremo abrió la puerta a investigar a Conde-Pumpido y al resto de magistrados izquierdistas por un delito de prevaricación en el futuro tras el ‘indulto encubierto’ a los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE. El Alto Tribunal manifestó en este sentido que el Constitucional no tenía otorgada "carta blanca" para que sus magistrados no fueran investigados si cometen un delito.
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com